PRONUNCIAMIENTO DE CON SORCIO OAXACA
Respaldamos plenamente la lucha por justicia de María Elena Ríos y exigimos la garantía de su seguridad integral
Exigimos que las autoridades asuman la responsabilidad institucional que le corresponde ante un caso donde la impunidad local ha sido reiterada y documentada
El 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos Ortiz, saxofonista de la región Mixteca del estado de Oaxaca, sobrevivió al intento de feminicidio con ácido sulfúrico orquestado por el empresario gasolinero y exdiputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal, un acto de violencia extrema.
Casi siete años después, el proceso penal sigue sin sentencia condenatoria firme. Al menos diez jueces han tenido en sus manos este expediente sin que se haya establecido un precedente de justicia. En 2024, el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió al imputado en una resolución que fue revocada ese mismo día. El hijo de Vera Carrizal, Juan Antonio Vera Hernández, con orden de aprehensión vigente, permanece prófugo de la justicia.
El pasado 13 de mayo de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no atraer los cinco amparos en revisión y devolvió el expediente a la justicia local de Oaxaca, con la instrucción expresa de actuar con perspectiva de género, sin embargo, la posibilidad de que Juan Antonio Vera Carrizal quedara en libertad generó una alerta de riesgo inminente para la vida e integridad de María Elena.
El viernes 22 de mayo de 2026, el Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del Poder Judicial de la Federación sesionó para resolver el recurso de revisión con el que la defensa del imputado buscaba obtener su liberación. El cuerpo colegiado se integró por las magistradas Brisa Albores Medina y Rocío Chong, cuyos nombres figuraron en los acordeones distribuidos por el Gobierno del Estado durante la reciente elección judicial, y por el magistrado Jaime Allier, señalado por actuar en beneficio de la administración estatal. La conformación del tribunal y la extraordinaria rapidez con que fue agendada la audiencia generaron una alarma ante la posibilidad de una resolución favorable al agresor.
Ante ese escenario, una jueza resolvió frenar la liberación de Vera Carrizal: el imputado continuará en prisión. Esta decisión impide, por ahora, que un hombre acusado de un intento de feminicidio salga libre después de casi siete años de impunidad, maniobras procesales y corrupción documentada. Cabe señalar que Vera Carrizal permanece desde diciembre de 2024 en un hospital particular, argumentando enfermedades que la Fiscalía General del Estado no ha acreditado debidamente.
Esta resolución representa una victoria parcial y frágil. Los datos estructurales que rodean al caso,la corrupción en el sistema de justicia en Oaxaca, la influencia económica y política del agresor, la elección cuestionada del nuevo cuerpo juzgador, el hijo prófugo sin detener: dejan en claro que la amenaza no ha desaparecido.
Según cifras oficiales del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las mujeres (BANAVIM), durante 2025 se documentaron 336 casos de amenazas y ataques por violencia ácida a nivel nacional. El caso de María Elena no es una excepción, es la regla de un sistema que tolera e incluso facilita este tipo de violencia.
Desde Consorcio Oaxaca exigimos:
Al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y a los órganos colegiados que conocen el caso: garantizar que cualquier resolución que se emita observe estrictamente la instrucción de la SCJN de actuar con perspectiva de género, con pleno respeto a los estándares nacionales e internacionales en materia de acceso a la justicia para las mujeres en situación de violencia. La rapidez con que fue agendada la audiencia del 22 de mayo genera graves sospechas sobre la imparcialidad del proceso; exigimos transparencia y rendición de cuentas.
A la Fiscalía General del Estado de Oaxaca: ejecutar sin mayor dilación las acciones necesarias para lograr la captura de Juan Antonio Vera Hernández, quien cuenta con orden de aprehensión vigente y permanece prófugo;y ejercer con rigor y diligencia la acción penal sin ceder a presiones políticas ni económicas.
Al Poder Judicial de la Federación: asumir la responsabilidad institucional que le corresponde ante un caso donde la impunidad local ha sido reiterada y documentada. La devolución del expediente a Oaxaca no exime a las instituciones federales de su obligación de supervisar que el proceso se conduzca con perspectiva de género y sin interferencias.
Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a las autoridades estatales y federales competentes: garantizar la integridad física y la seguridad de María Elena Ríos Ortiz ante el riesgo real que representa para ella la posible puesta en libertad de su agresor, así como cualquier represalia derivada de su lucha pública.
A todas las instituciones involucradas: sancionar con toda la ley al funcionariado judicial que hayan actuado en beneficio del imputado, en cumplimiento del principio de no repetición y en garantía de un proceso libre de corrupción.
Hacemos un llamado urgente y sororo a los movimientos feministas, a las colectivas de mujeres, a las organizaciones la sociedad civil, a las defensoras de derechos humanos y a todas las personas que en estos casi siete años han mantenido viva la exigencia de justicia: este caso nos incumbe a todas. No podemos dejar de ejercer presión social contra la impunidad. Por ahora se frenó la liberación de Vera Carrizal. Mañana, ese logro puede revertirse. La alerta debe mantenerse activa.
Convocamos a ampliar la presión pública, a difundir la información con rigor y responsabilidad, a mantenerse atentas a cada movimiento procesal y a exigir que este caso concluya con una sentencia condenatoria que siente precedente para todas las mujeres en México y en Oaxaca.
María Elena Ríos Ortiz es una mujer que ha ejercido su derecho más profundo: el de no rendirse en la búsqueda de justicia. Reconocemos su valentía y su determinación como un acto político de defensa que ha puesto en evidencia la corrupción estructural del sistema judicial en Oaxaca y en México.
El Estado mexicano tiene una deuda con María Elena Ríos Ortiz que no se salda con promesas: se salda con sentencia.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 25 de mayo de 2026.
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