Hace casi 7 años que lucho por justicia y este miércoles 13 de mayo de 2026, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) tiene en sus manos la posibilidad de atraer mi caso por el intento de feminicidio con ácido que infringió hacia mí, el exdiputado y empresario gasolinero Juan Antonio Vera Carrizal y 4 hombres más, entre ellos su hijo que aún se encuentra prófugo.
En todo este tiempo no he podido acceder a la justicia, debido a la corrupción que impera en el estado de Oaxaca, pues el agresor ha ejercido su poder económico y político para pervertir y corromper el proceso penal en su contra.
Tanto es así que Vera Carrizal ha usando sus influencias para salir de la cárcel fingiendo enfermedades. Supuestamente desde diciembre de 2024 se encuentra en un hospital privado y su familia no ha permitido que peritos oficiales e imparciales verifiquen su situación de salud.
Llegar hasta aquí ha sido atravesar un proceso parcial, desgastante, dilatado y tortuoso, obstaculizado por la violencia institucional que ha tratado de demeritar las pruebas del delito contenidas en un expediente de miles de hojas. Diez jueces han tenido en sus manos el caso sin que haya una sentencia condenatoria que marque un precedente para todas las mujeres.
El ataque con ácido no solo intentó arrebatarme la vida; también dejó consecuencias físicas, emocionales y psicológicas permanentes que han transformado profundamente mi cuerpo, mi identidad y mi manera de habitar el mundo.
La atracción de mi caso por parte de la Suprema Corte representa una oportunidad histórica para establecer un precedente nacional sobre la violencia ácida en México, reconociendo estos ataques como una forma extrema de violencia feminicida que no puede seguir siendo minimizada ni tratada con privilegios e impunidad.
Hay que tener en claro que mi caso no es aislado, ya que al menos en el año 2025 se registraron 336 casos entre amenazas y ataques por Violencia Ácida, según el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).
Con la atracción del caso a la Corte, se envía un mensaje contundente: los ataques con ácido no son lesiones menores, sino crímenes de odio que requieren una respuesta judicial con perspectiva de género, integral y sin privilegios, consolidando el espíritu de la “Ley Malena” como un estándar de protección irrenunciable en nuestra Constitución.
La decisión de la Corte puede marcar un antes y un después para miles de mujeres sobrevivientes de violencia extrema en México.
Confío en los y las Ministras para poder acceder a la justicia y mandar una señal clara de que en México el máximo tribunal sí protege a las mujeres. Agradezco a todas las personas que me han acompañado en el proceso. Sé que el camino aún es largo, pero a pesar del cansancio, hoy siento esperanza.
María Elena Ríos Ortiz
Ciudad de México 13 de mayo 2026
