CANDI CASTELLANOS*
OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CONSORCIO OAXACA).-Esta campaña busca difundir y visibilizar la información, el trámite de Reconocimiento de Identidad de Género, los retos y barreras sociales a las que nos enfrentamos las personas trans y No Binaries en Oaxaca. Junio mes del trámite gratuito del Reconocimiento a la Identidad de Género.
El reconocimiento de la identidad de género en Oaxaca es un tema crucial ya que conecta directamente con la dignidad humana y con la obligación del Estado de garantizar derechos sin discriminación. Sin embargo, sigue habiendo barreras que limitan el pleno desarrollo de las personas trans y no binaries en temas de salud, seguro social, educación, etc, generando así un abanico de violaciones a los derechos humanos fundamentales para una vida libre de violencias.
Reconocer la identidad de género significa reconocer la existencia plena de las personas trans y no binarias. No es un favor ni una concesión: es un derecho fundamental que asegura que cada persona pueda vivir con dignidad, sin ser invisibilizada ni violentada.
La falta de reconocimiento legal genera obstáculos en trámites escolares, laborales, de salud y administrativos. En cambio, cuando el Estado respeta la identidad de género, se abren puertas a la educación, al empleo y a la atención médica sin discriminación.
Oaxaca es un territorio diverso, con una riqueza cultural que incluye múltiples formas de entender el género y la identidad. Reconocer legalmente estas identidades es también un acto de respeto hacia las prácticas culturales que históricamente han dado lugar a la pluralidad.
La Constitución y los tratados internacionales obligan a que las normas se interpreten siempre en favor de la persona. Esto implica que las instituciones deben priorizar la protección de la identidad de género frente a cualquier vacío o restricción normativa.
El reconocimiento no solo protege derechos individuales, también construye memoria colectiva.
El trámite de reconocimiento de identidad de género en Oaxaca revela un trasfondo político-social que merece cuestionamiento crítico. Aunque el procedimiento representa un avance en el reconocimiento formal de derechos, las condiciones impuestas generan barreras materiales y simbólicas que contradicen el principio pro persona y la obligación estatal de garantizar igualdad sustantiva.
Los costos acumulados (solicitud, copias certificadas, pago de derechos, expedición de nuevas actas) superan los mil pesos, para muchas personas trans y no binarias, este gasto resulta prohibitivo y reproduce desigualdades socioeconómicas, discriminación y nulo acceso a derechos básicos. El derecho a la identidad no debería estar condicionado a la capacidad de pago.
La exigencia de múltiples copias certificadas y trámites duplicados refleja un exceso de formalismo administrativo. En lugar de simplificar el acceso, se multiplica la carga burocrática, lo que puede desalentar o retrasar el ejercicio del derecho fundamental a la identidad de género y al abanico de derechos que se nos niegan. La obligación de remitir expedientes y copias a distintas instancias muestra una lógica de control más que de garantía.
El requisito de comprobante de domicilio y de identificación oficial puede excluir a personas en situación de movilidad, migración o precariedad documental, se mantiene una visión estatal que privilegia la «certeza registral» sobre la dignidad y autonomía de las personas. El trámite, aunque legalmente reconocido, sigue operando bajo un paradigma de sospecha y vigilancia hacia quienes buscan ejercer su derecho.
* Candi Castellanos, abogade especialista en derechos humanos de las diversidades sexogenéricas. Su labor profesional se fundamenta en el compromiso inquebrantable con la justicia social y la igualdad sustantiva.
A lo largo de su trayectoria, se ha consolidado como acompañante y defensore de los DD.HH. con una marcada perspectiva de género, brindando asesoría integral y representación estratégica a personas trans y no binaries que enfrentan barreras sistémicas en el acceso a sus derechos fundamentales. Su compromiso es claro: hacer del derecho una herramienta de reconocimiento, cuidado y resistencia para todas las existencias.
