OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Resulta una paradoja que en una entidad como Oaxaca, donde el 65 por ciento de su población se reconoce indígena y el 32 por ciento hablan 16 distintas lenguas y sus múltiples variantes, el sistema de justicia carezca de presupuesto suficiente y de una logística adecuada para localizar y contratar a intérpretes y traductores indígenas que asistan en los juicios y procesos.
Tomás López Sarabia, presidente del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet), precisa que de acuerdo con el parámetro establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de intérpretes, la entidad solo cuenta con el 13.7 por ciento de intérpretes indígenas formados y certificados.
Por lo que se refiere al tema de defensores con conocimiento de lengua y cultura, a los que tienen derecho personas procesadas indígenas, a nivel local y federal no logra cubrirse siquiera el 8 por ciento de las variantes reconocidas en Oaxaca, precisa el abogado.
Asimismo, agrega, existe una carencia presupuestal de más de 42 millones de pesos para el pago de viáticos y honorarios de intérpretes de lenguas indígenas, lo que representa en el ejercicio fiscal 2016, el 3.09 por ciento del presupuesto destinado a administración de justicia en la entidad.
Ante la complejidad para garantizar a procesados indígenas el derecho de contar con un traductor o intérprete, Cepiadet, en conjunto con la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova de la Fundación Alfredo Harp, el Poder Judicial del Estado y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, construyó la plataforma digital Ndiya, que significa camino en lengua ixcateca, la cual brinda, entre otras herramientas, un catálogo de intérpretes que facilita su ubicación y contratación.
En su inicio, Ndiya, http://cepiadet.org/ndiya/#/view1, ofrece un menú de 160 traductores en todos los distritos de Oaxaca; además de lo anterior, contiene información sobre pluralismo jurídico y diversidad lingüística, un ejemplo de información relevante es el ítem sobre casos emblemáticos que han sentado precedente en el tema de justicia intercultural.
Uno de estos casos es el de “Quiavicuzas” donde el juez declinó competencia en esta comunidad para que juzgara a uno de sus integrantes por el supuesto delito de tráfico de indocumentados.
El magistrado Rubén Paulo Pérez Ruiz, quien resolvió el caso Quiavicuzas, manifestó su beneplácito por el lanzamiento de la plataforma Ndiya pues, recordó, una de las razones por las que dictó tal sentencia, se debió a que el presunto culpable tuvo un indebido proceso en el sistema del derecho occidental por la falta de intérprete.
En entrevista, el abogado consideró que con Ndiya, Oaxaca sienta precedente en el tema de procuración de justicia intercultural en el país y además, podrán agilizarse algunos procesos de personas indígenas.
Ahora es importante que el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte y todos los juzgados federales y estatales usen la plataforma cuando necesiten un traductor. Van a identificar rápidamente qué traductor les funciona y si no está muy cargado de trabajo y puede presentarse a la brevedad, puede abreviarse el tiempo de un proceso.
Por otro lado, manifestó que los casos reunidos en el sitio web Ndiya son referencias muy útiles en la hora de resolver procesos de personas indígenas con ingredientes que no están previstos en la ley.
Con esos precedentes y la plataforma, se genera un estado emocional o anímico favorable entre los juzgadores pues generan confianza y seguridad para desahogar mejor y más rápido este tipo de asuntos.
“Pensemos, si un día se presenta una declinación de competencia en algún grupo indígena que no cuente con normas, tradiciones o costumbres para que pudieran juzgar el asunto, ahí el dilema sería muy grave si el Estado mexicano no pudiera conseguir traductor para solucionar un proceso en la vía ordinaria. Sin traductor o intérprete tampoco se podría enviar a la comunidad. Eso representaría un conflicto bastante fuerte, dramático, diría yo”, expresó el magistrado Rubén Paulo.
Ndiya, concluyó, es una excelente plataforma que viene a generar un impulso entre las comunidades indígenas para que ejerzan con mayor eficacia sus derechos.
En este sentido, NDIYA pretende ser una herramienta que complemente los esfuerzos que se han venido realizando hasta el momento en materia de justicia y Pueblos Indígenas, por ejemplo, el PANITLI, el Padrón de Intérpretes del PJO, los cursos de actualización a jueces y magistrados, entre otros.
“Nuestra aspiración es ver en la realidad que a los pueblos indígenas se nos garantizan plenamente nuestros derechos humanos individuales y colectivos, y no sólo sea un acto meramente discursivo”, recalcó a su vez el titular de Cepiadet.
