La memoria de la primera mujer presidenta de San Mateo Piñas, sigue siendo una fuerza que impulsa la exigencia de justicia y la defensa de la participación política de las mujeres
OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/ vía CONSORCIO OAXACA).- El 15 de junio de 2026 se conmemoró el primer aniversario luctuoso de Lilia Gemma García Soto, primera mujer presidenta de San Mateo Piñas. Mujer que luchó, gobernó y defendió. A un año de su asesinato, la impunidad permanece intacta: respuesta sistemática de un Estado que castiga a las mujeres que se atreven a ocupar y ejercer el poder.
Honrarla significa pronunciar su nombre con la fuerza que le quisieron arrebatar, así como nombrar la violencia por lo que es: un feminicidio político. Un crimen que no comenzó el día que le quitaron la vida, sino mucho antes en cada denuncia ignorada, en cada queja pasada de largo, en cada institución que miró hacia otro lado.
La participación política de las mujeres no es un privilegio. Es un derecho humano reconocido desde 1979 por la CEDAW, desde 1994 por la Convención de Belém do Pará, desde 1995 por la Plataforma de Acción de Beijing. Sin embargo, en el año 2026 se sigue pagando con la vida el precio de ejercerlo.
Es un mensaje estructural que le dice a las mujeres: este espacio no es para ti. Frente a ese mensaje, nosotras respondemos: este espacio es nuestro y lo vamos a defender. Porque la presencia de las mujeres en los espacios de decisión transforma las comunidades, ampliando las agendas de salud, cuidados, agua, educación y justicia.
Seríamos injustas si no reconociéramos que algo ha cambiado en México. Por primera vez en la historia del país, una mujer ocupa la Presidencia de la República, el gabinete federal de Claudia Sheinbaum es paritario, las mujeres representamos el 50.2% de la Cámara de Diputadas y el 50% del Senado. En el Congreso del Estado de Oaxaca, somos el 50% de la legislatura.
La reforma constitucional de Paridad en Todo de 2019 fue una conquista de los movimientos de mujeres. La tipificación de la violencia política por razón de género como delito electoral en 2020, también. El Registro Nacional de Personas Sancionadas del INE existe porque las mujeres lo exigimos. Estos avances son reales, pero también dejan clara la enorme distancia entre lo que la ley promete y lo que vivimos en la realidad.
Porque la realidad dice que en México se han registrado más de 525 casos de violencia política por razón de género ante el INE (RNPS, marzo 2026). Que solo el 24.9% de las presidencias municipales del país están encabezadas por mujeres. Que en Oaxaca, apenas entre 22 y 25 mujeres encabezan presidencias bajo el Sistema Normativo Interno, de 417 municipios que eligen por este sistema.
La realidad dice que Oaxaca encabeza el Registro Nacional de Personas Sancionadas con 188 casos vigentes de violencia política por razón de género. Los datos de la Plataforma de Violencia Feminicida de Consorcio Oaxaca revelan que durante el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa, se registraron 78 casos de violencia política por razón de género. En los 42 meses y medio, desde el 1 de diciembre del 2022, del presente sexenio de Salomón Jara Cruz se registran 39. El ritmo no ha disminuido y la gravedad ha escalado: ya no hablamos solo de obstrucción del cargo o violencia psicológica, hablamos de secuestros, como el de la presidenta municipal privada de su libertad en el propio Congreso del Estado.
Hablamos de feminicidios: Nazaret Cortés Velasco, presidenta del Comisariado de Bienes Ejidales de San Pedro Totolápam, asesinada este año. Guadalupe Urban Ceballos, regidora de San Juan Cacahuatepec. Hanna Alí Rosales, regidora de Huajuapan de León. Lilia Gemma García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas. Mujeres que fueron asesinadas por gobernar.
En memoria de Lilia Gemma exigimos:
A la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, le decimos que no basta con la paridad en el gabinete si el Estado no garantiza que las mujeres ejerzan sus cargos sin violencia. Le exigimos implementación real del Protocolo Nacional de Violencia Política, financiamiento suficiente para los mecanismos de protección a defensoras y autoridades en riesgo, que el asesinato de mujeres en el ejercicio de cargos públicos y comunitarios sea investigado con perspectiva de género y sancionado con todo el rigor de la ley. Le exigimos registros oficiales, concentrados y públicos de feminicidios políticos, porque lo que no se nombra, no se cuenta; y no se puede combatir.
A Salomón Jara Cruz, le decimos: Oaxaca no puede seguir liderando los registros nacionales de violencia política contra las mujeres. Le exigimos una política estatal de cero tolerancia a la Violencia Política por Razón de Género, acceso efectivo a la justicia para mujeres, y acompañamiento a las familias de las mujeres asesinadas en el ejercicio de sus cargos.
Además le exigimos que su propio gabinete no sea refugio de agresores. El caso de Donato Vargas Jiménez no puede ser borrado de la memoria de este gobierno. Usted lo nombró como titular de la Coordinación General de Atención Regional y Coordinador de Paz para la región Mixe, a pesar de las denuncias en su contra por acoso sexual, violencia digital y violencia familiar.
El caso Donato Vargas no es una excepción. Es la radiografía de un patrón: el Estado que declara cero tolerancia con una mano, y con la otra protege a quienes violentan a las mujeres. Exigimos que ningún agresor con denuncias documentadas ocupe un cargo público en Oaxaca. Que la protección política a los agresores sea reconocida como lo que es: complicidad institucional con la violencia de género.
Exigimos justicia para Lilia Gema García Soto, castigo a los responsables de su asesinato, así como castigo a responsables del desvío de recursos públicos, denunciado por Lilia. A un año de su muerte, queremos que sepan: quienes la mataron, quienes permitieron que la mataran, quienes aún callan ¡No nos han silenciado, ni a su familia, ni a todas las mujeres que exigimos justicia para ella, justicia para todas!
Cada mujer que hoy ocupa una regiduría en una comunidad mixteca, cada síndica que asiste a su primer cabildo en la Sierra Sur, cada presidenta municipal que abre las sesiones a pesar de todos los obstáculos y críticas, todas llevarán con ellas la memoria de las mujeres que han abierto camino, como Lilia Gemma García Soto.
La participación política de las mujeres no es negociable. No es una concesión. No es un favor. Es la expresión más concreta de que somos actoras políticas plenas, con derecho a decidir sobre nuestras comunidades, territorios y vida pública. Vamos a seguir ocupando los espacios que nos pertenecen, porque mientras haya mujeres dispuestas a gobernar con compromiso y honestidad a favor de las comunidades, habremos mujeres dispuestas a defenderlas. Porque la paridad no tendría que ser solo un número: debe ser la garantía de que ninguna mujer más tendrá que morir por ejercer el poder.
Lilia Gemma García Soto, tu voz no se apaga, se multiplica en nuestra defensa del derecho a la participación política de las mujeres.
¡Justicia para Lilia Gemma García Soto, justicia para todas!
