En la primera mitad de su sexenio, el presidente Echeverría buscó reactivar la economía en función del gasto social, pero rompiendo los acuerdos de economía mixta con los empresarios. Sin una nueva estructura de política económica, decidió suplir con gasto público la inversión privada, sólo que sin aumentar ingresos. La economía se inflacionó y llevó a la devaluación de agosto de 1976.
Esta semana el presidente electo López Obrador va a aprobar su política económica y sus márgenes presupuestales basado en el gasto de sus promesas de campaña, pero sin más ingresos. El aumento del gasto con relativos ahorros presupuestales ha mandado la señal a los mercados que el presupuesto 2019 tendrá un aumento en el déficit presupuestal, en el techo inflacionario y en el tipo de cambio.
En 1973, al cambiar al secretario de Hacienda técnico –Hugo B. Margain– por un político –José López Portillo, enfilado a la candidatura presidencial–, Echeverría declaró que no había problemas “porque de todas maneras las finanzas se manejan desde la presidencia de la república” (Excelsior 30 de mayo, 1973). Así fue, escribió el ensayista Gabriel Zaid, “y así nos fue”. El gasto se fue al alza, el déficit presupuestal llegó a 8% y se financió con circulante y la devaluación fue inevitable.
La estructura del presupuesto de ingresos-egresos de López Obrador está atada al marco macroeconómico, según los Pre-Criterios de Política Económica para 2019 definidos por la hacienda de Peña Nieto: PIB de 2.5%-3.5%, inflación de 3%, aumento del gasto de 4.6% –3% de inflación y 1.6 de real– y déficit presupuestal de 2%. Sin embargo, algunas variables han cambiado: la inflación anual podría ser de 4.5% y la necesidad de gasto del presupuesto lopezobradorista por compromisos sería de 1 billón de pesos, cerca del 20% más.
El problema de la política presupuestal de López Obrador radica en el regreso al presidencialismo económico o manejo de las finanzas públicas desde la presidencia. En España el gobierno del socialdemócrata Pedro Sánchez aumentó el gasto, pero con un incremento en el cobro de impuestos para mantener el déficit de gasto público exigido por mandato constitucional por la Unión Europea.
En sus primeras revisiones de las cifras de López Obrador no existe aumento en ingresos fiscales y se ha determinado un incremento sustancial en el gasto por costo de la cancelación del aeropuerto, aumento e las pensiones de tercera edad, becas a jóvenes, refinerías, tren maya y alza en el salario mínimo. En cambio, habría un ahorro en la reducción de los salarios, pero hasta ahora sin ser suficiente como para financiar el nuevo gasto.
En los tiempos del desarrollo estabilizador –1954-1970, con PIB de 6% promedio anual, inflación de 2%-4% y tipo de cambio fijo y libre a 12.50–, el secretario de Hacienda le explicaba al presidente de la república, en una hoja cuadriculada y a lápiz, la estructura sencilla de los ingresos y los gastos. Los tecnócratas introdujeron la matriz insumo-producto y ahora López Obrador regresa al diseño presidencial directo del gasto, a partir de los compromisos de campaña.
El problema, en el fondo, no radica en el aumento del gasto público, sino en su financiamiento con impuestos, ingresos de empresas públicas y deuda. Pero el punto más sensible radica en la variable inflación. La doctrina monetarista-neoliberal del salinismo se basó en el evangelio de Milton Friedman: la inflación es en todo tiempo y en todo lugar un fenómeno monetario: al aumentar el circulante, los precios subían. Por tanto, en el ciclo neoliberal se controló el circulante con PIB bajo, baja salarial y gasto decreciente.
La clave del primer presupuesto de López Obrador va a radicar en el marco macroeconómico: PIB, inflación y déficit presupuestal. Cualquier variación al alza en función de las cifras de los Pre-Criterios tendrá efectos inflacionarios y por tanto desestabilizadores. Los técnicos del presupuesto diseñan el gasto a partir de los ingresos, en tanto que los políticos fijan los egresos para determinar los ingresos. Hasta 1993 la presidencia controlaba al Banco de México y ordenaba imprimir más billetes; hoy la autonomía del Banco Central impide ese camino inflacionario.
Así que no hay muchos caminos para el presupuesto de López Obrador: o se ajusta a los ingresos, baja gasto, pospone promesas de campaña y fija una inflación de 3% o sube PIB, inflación y déficit presupuestal a costa de un nuevo ciclo inflación-devaluación. Una salida racional consistiría en posponer dos años sus compromisos, rehacer la estructura productiva no inflacionaria y reconocer que su plan ideal será imposible de alcanzar y tendrá que ajustarse a un populismo estabilizador modesto.
-0-
Política para dummies: La política es la racionalidad como justificación.
@carlosramirezh