Guerrero es el ejemplo de los saldos de gobernabilidad/ingobernabilidad por crisis de seguridad pública de años de deterioro de funcionamiento de cacicazgos priístas y perredistas. Hoy la entidad ofrece todas las condiciones para considerar un Estado federal fallido y una severa crisis de seguridad interior.
La gestión del gobernador priísta Héctor Astudillo se encontró con una estructura de poder, un tejido social y un acuerdo político simplemente inexistentes. Las decisiones de Astudillo para mantener en funcionamiento la administración, evitar que la inseguridad contamine la prioridad número uno que es el turismo y contener con esfuerzos el activismo de las bandas del crimen organizado que nacieron al amparo del PRI y del PRD han trasladado la responsabilidad final al gobierno federal.
El cierre de empresas por inseguridad debe ser asumido como el toque de emergencia para potenciar en Guerrero –ahora sí en serio– una nueva estrategia de seguridad. A nivel local el gobierno de Astudillo ha evitado la contaminación criminal y ha cohesionado a los principales sectores, pero la violencia creciente de las bandas criminales en las calles exige la intervención federal más allá de más tropas y policías o de patrullajes.
Guerrero exhibe un asunto de seguridad interior, a partir de su caracterización en el Programa para la Seguridad Pública 2014-2018 del presidente Peña Nieto:
La seguridad interior es la “condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.
La estrategia de seguridad del gobierno federal ha sido la misma del gobierno panista de Calderón, a pesar de que el asunto fue escalado a nivel de seguridad del Estado al incorporar las dependencias de seguridad pública e interacciones con las fuerzas armadas en la Secretaría de Gobernación.
El gobierno de Astudillo ha logrado recuperar la gobernabilidad política de la administración estatal, a partir de la herencia maldita que le dejó el perredismo de Zeferino Torreblanca y Angel Aguirre Rivero. Pero la estrategia federal se ha reducido a enfrentar las consecuencias del accionar del crimen organizado, pero no atender las causas.
La presencia de fuerzas de seguridad no alcanza para restaurar el control de la seguridad interior. El cierre de plantas productivas es un nuevo aviso a la estrategia de seguridad federal que hasta ahora no ha podido convertirse en una buena política integral de vigilancia, restauración del tejido social y sobre todo garantías para la producción. La inseguridad ha rebasado al gobierno federal y está afectando en Guerrero al desarrollo como producción y bienestar.
A nivel local, Astudillo ha recompuesto la estructura de gobierno antes contaminada con intereses criminales, fijado temas de desarrollo y mantenido el ritmo de producción. Pero esta gobernanza está en riesgo por la fase de ingobernabilidad de la inseguridad porque los grupos criminales están desafiando al Estado federal, no sólo al estatal.
De mucho está sirviendo la recuperación del control de la administración estatal, pero ahora más que nunca se requiere que el Estado federal restaure la seguridad interior como condición para el desarrollo.
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Política para dummies: La política es el factor sorpresa, siempre y cuando haya algo con qué sorprender.
Si yo fuera Maquiavelo: “La experiencia nos demuestra que son los príncipes que han hecho menos caso de la fe jurada, envuelto a los demás con su astucia y reído de los que han confiado en su lealtad, los único que han realizado grandes empresas”.
Sólo para sus ojos:
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@carlosramirezh