OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- A invitación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción (CPC Oaxaca), y del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), una representante de la organización ciudadana PODER compartió en esta ciudad su experiencia en la defensa de los derechos humanos contra empresas mineras.
Específicamente, la abogada Victoria Beltrán Camacho, quien lleva el caso de Bacanuchi, Sonora, expuso ante representantes de la sociedad civil la lucha legal que enfrenta esta comunidad contra una empresa minera del Grupo México de German Larrea, el segundo hombre más rico de México.

Dicha empresa construyó en 2015, sin notificar a la población, una gigantesca presa para almacenar desechos tóxicos, lo que representa para una nueva amenaza para las y los habitantes que ya sufrieron afectaciones hace cinco años cuando se produjo un derrame de 40 millones de residuos tóxico sobre los ríos Sonora y Bacanuchi perjudicando a 22 mil personas, por lo cual se connnnnsidera la peor tragedia ambiental en la historia de la minería en México.
Con 10 años de experiencia, PODER, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, por sus siglas en inglés, es una organización y movimiento de la sociedad civil dedicada a combatir las malas prácticas empresariales bajo el enfoque de que las compañías “están obligadas a servir el interés público y respetar los derechos humanos, especialmente si los Estados son incapaces o indispuestos para servir de forma completa a los ciudadanos”.
Bajo este enfoque, durante el taller “El Acceso a la Información Pública, la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanismos de combate a la corrupción”, la abogada Victoria Beltrán explicó cómo apelando al derecho a la participación de la ciudadanía, Bacanuchi interpuso un amparo que busca que la presa de un tamaño equivalente a la superficie de 40 mil campos de beisbol, situada a 20 kilómetros de su comunidad, habitada por 200 personas, sea clausurada en caso de no cumplir con todos los lineamientos de impacto ambiental.
Victoria Beltrán sostuvo que el derecho a la participación ciudadana no se limita a las votaciones para elegir gobernantes o representantes populares, sino que es un derecho que debe ejercitarse en diversos ámbitos donde se vean afectados sus derechos humanos, sea por parte de instituciones públicas o empresas privadas, como es el caso de Bacanuchi.
Tras ganar el amparo interpuesto por la comunidad sonorense a través de PODER, en julio pasado se llevó a cabo una reunión informativa y de consulta a la población, pero aún queda pendiente una resolución del gobierno federal que garantice el cumplimiento de todos los lineamentos de impacto ambiental a fin de evitar un derrame que no solo afecte los habitantes, sino que en un caso más grave pudiera arrasar con Bacanuchi.
La Comisionada del CPC Oaxaca Reyna Santillán agradeció a PODER, y a la abogada Beltrán Camacho, por dar a conocer este tipo de experiencias que favorecen el empoderamiento de la ciudadanía a través del ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de participación para combatir la corrupción, uno de los mayores retos para arribar a una auténtica democracia.
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