En el tema de las caravanas centroamericanas ni Trump ni López Obrador quieren cargar con el efecto redes. Por eso dan la apariencia de un teléfono descompuesto en el que en público uno niega lo que acordó con el otro; México sí va a parar las caravanas y Trump no va a cerrar la frontera.
En todo caso, quedan los efectos colaterales: la tensión en las relaciones bilaterales que debieran llevar a México a declarar de una vez por todas que no hay amistad con los EE. UU. y que tiene intereses de seguridad estratégica con su vecino del norte y a la Casa Blanca a reconocer que ya no puede definir sus intereses de seguridad nacional sin negociarlos con México.
La reunión secreta de López Obrador con el first son in law Jared Kushner en la cancillería de Televisa de todos modos tendrá que pagar sus cuotas mexicanas: el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón fue marginado por el presidente López Obrador en esa reunión en la que se definieron los acuerdos secretos respecto a la migración: México será el tercer país controlador de demandantes de visa, tendrá que cerrar su frontera sur con Centroamérica y estará obligado a subordinar su política exterior a los intereses de Washington.
El gran ausente en esta redefinición estratégica de las relaciones bilaterales ha sido el Senado mexicano, a pesar de que por mandato constitucional tiene cuando menos que ser informado de la política exterior. Las senadoras panista Josefina Vázquez Mota y las priístas Claudia Ruiz Massieu-Salinas de Gortari y la embajadora Beatriz Paredes han sido desaparecidas de la Comisión de Relaciones Exteriores y carecen no tanto de talento sino de voluntad para ejercer como oposición en el tema vital que tiene que ver con la soberanía mexicana: la relación con el gobierno de Trump.
Dos temas serán vitales para definir la política exterior de México hacia los EE. UU.: la forma en que se revierta la política humanitaria de transitar a los centroamericanos hasta la frontera con los EE. UU. con visas especiales y el territorio mexicano como antesala de espera de los demandantes de visas estadunidenses en tanto se procesan con lentitud sus solicitudes de asilo en tribunales estadunidenses.
Ahí está una clave del cambio estratégico en la política migratoria de Trump: enviar a México a los solicitantes de visas especiales para no liberarlos dentro de los EE. UU. y perderlos de vista. El problema es serio, pues algunos cálculos señalan que sólo en este año de 2019 se podría llegar a un millón–1.5 millones de extranjeros en territorio estadunidense sin permisos legales. De ahí el acuerdo secreto con México para que el territorio mexicano sea la antesala de los solicitantes. El acurdo secreto fue ratificado por la secretaria mexicana de Gobernación, Olga Sánchez Codero, pero una indiscreción de la secretaria de Seguridad Interior de los EE. UU., Kirstjen Nielsen, anunciando que México pararía la supercaravana hondureña en el istmo de Tehuantepec llevó a la cancillería mexicana a desmentir lo pactado.
La relación de México con los EE. UU. tiene el defecto de que la lleva el presidente López Obrador, lo que encarece los costos de los errores y sus efectos negativos, porque carece de pensamiento estratégico y de seguridad nacional. La consulta al pueblo a mano alzada para responderle a Trump ha tenido un costo político en las relaciones bilaterales porque ha dejado la sensación en la comunidad de intereses diplomáticos, de inteligencia y de seguridad nacional de los EE. UU. de que México no toma con seriedad la relación y que prefiere darle ciertos matices populistas muy al estilo de Fidel Castro en los sesenta y los setenta.
De manera independiente a los estilos atrabancados de Trump, la invasión de cientos de miles de centroamericanos a los EE. UU. en busca de trabajo y salario rompería los equilibrios sociales en los estados de la franja fronteriza. Sectores demócratas apoyan el endurecimiento de las amenazas de Trump, están de acuerdo con la declaración de “emergencia nacional” y al final de cuentas también avalarían el “cierre total” de la frontera.
Por lo pronto, México ya cedió a las estrategias de inteligencia y seguridad nacional y está haciendo el trabajo sucio de espionaje para identificar a los miembros de las caravanas porque hay indicios de grupos políticos que quieren repetir el marielazo de 1980 por el cual el gobierno de Fidel Castro envió a los EE. UU. a delincuentes, drogadictos, homosexuales y los peores presos en cárceles cubanas. Ahora hay pruebas de que en las caravanas de centroamericanos sí hay miembros de países árabes caracterizados como terroristas por la Casa Blanca.
O México toma en serio el caso de los migrantes o pagará un alto costo por las represalias estadunidenses. Ahora se trataría de pagar una factura menor si se somete a las exigencas, porque las indecisiones de meses pasados le quitaron a México la capacidad de iniciativa.
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Política para dummies: La política es lo que hacen los otros cuando uno no quiere hacerla.
@carlosramirezh
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