México ha entrado en una crisis política sin precedente que no va a llevar a una reforma de sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional, sino a la refundación del modelo político del PRI, con la circunstancia inocultable de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido-movimiento Morena no pueden reproducir el experimento priísta porque nadie se baña dos veces en la misma agua del río y la historia se presenta como tragedia y se repite como farsa.
La responsabilidad no es toda de López Obrador. A lo largo de treinta años has definido una propuesta de forma de gobierno sustentado en relación directa con bases sociales beneficiadas de programas direccionados. En ese largo tiempo, el PRI pasó del proyecto social de la Revolución Mexicana a una propuesta de neoliberalismo de mercado y Estado autónomo, el PAN perdió su origen social cristiano y también se hundió en un pragmatismo sin idea moral, el PRD nació de una mezcla rara de militantes del Partido Comunista Mexicano y ex priístas cardenistas-pospopulistas y las pequeñas organizaciones como partidos-rémora se venden al mejor postor.
El propio partido-movimiento Morena no ha definido su estructura-ideología-relaciones de clase. Es la suma de todo aquel que quiera un empleo, a cambio de abandonar sus organizaciones en declinación. Su objetivo es sólo apoyar a López Obrador y de distribuir el poder sin ninguna construcción de una red real de dominio político. A diferencia del modelo PRI, aún no existe una relación orgánica entre el presidente de la república y su partido; y hasta ahora, las bancadas de Morena en las dos Cámaras sólo obedecen la instrucción general de aprobar leyes que le importen al presidente.
El presidente de la república ha asumido las funciones directas del viejo modelo priísta, pero las ha llevado a un liderazgo personal avasallante. Las conferencias de prensa diarias del presidente de 7 a 9 de la mañana no fijan agenda, sino que imponen temas, anatemas y voluntarismos. Y a lo largo del día no hay espacio para el debate ni para la confrontación de proyectos, sino que todos los críticos opositores tienen que defenderse de las acusaciones generales.
Los simbólicos primeros cien días de gobierno de López Obrador han prefigurado la característica de su forma de gobernar. Y no hay ningún secreto: busca la imposición de su figura personal como dominante en la gestión de un gobierno sin funcionalidad y su legitimidad –la clave de su estilo– depende de la apertura de las exclusas de la corrupción de gobiernos anteriores para culparlos de la falta de resultados de su propia administración.
En las leyendas políticas del priísmo mexicano hay una anécdota muy difundida: todo presidente saliente le entrega a su sucesor el día de la asunción tres sobres con tres tarjetas escritas; el nuevo mandatario debe irlas abriendo en función de las crisis. La primera dice: cúlpame a mi de la crisis; la segunda: cambia tu gabinete; la tercera: escribe tus tres sobres.
Hasta ahora, casi todos los días el presidente López Obrador se queja de que le dejaron un país desarmado, corrupto, disfuncional, y primero dijo que a los cuatro meses lo echaría a andar y luego afirmó que después de octubre comenzaría a funcionar. Pero en los cien días de gobierno se ha ido metiendo en problemas propios muy serios por recorte de subsidios a organizaciones civiles; y si bien sus acusaciones de corrupción pueden ser ciertas porque el gobierno de Peña Nieto fue un gobierno de corrupción total, los afectados son niños, mujeres golpeadas, estancias infantiles, entre muchos otros. Su propuesta de entregar en lo individual el subsidio choca con el hecho de que las anteriores asignaciones iban a estructuras de protección y no a dinero en efectivo.
El modelo de presupuesto social busca reorganizar los subsidios quitándoselos a sectores sociales no partidistas ni clientelares y entregárselo a sectores sociales clientelares que garanticen su voto. En julio del 2021 se realizarán las elecciones legislativas federales para renovar la Cámara de 500 Diputados y Morena llega con el 53% de legisladores y su meta es lograr el 60% porque por mandato constitucional ningún partido por sí mismo puede tener más de ese porcentaje. Este candado se puso para evitar el regreso del viejo PRI que podía ganar hasta el 95% de la Cámara, cuando se podía cambiar la Constitución con el 67% de legisladores.
Los primeros cien días de gobierno de López Obrador debieran analizarse no en función de sus avances, retrocesos o desviaciones, sino a partir del hecho real de que la oposición está –en términos de tienda de carnes– descuartizada: el PRI bajó a 13% de voto presidencial, 11% de senadores y 9% de diputados; el PAN anda corriendo como pollo sin cabeza; y el PRD ha sido desfondado por Morena, y como se ha visto en elecciones de leyes, cada uno va por sus propios intereses y los tres son incapaces de construir una alianza opositora.
Si los primeros cien días se miden por fuerza presidencial, han sido un éxito; si se cuantifican por resultados, todo está a medias y casi nada va a cerrarse en este año; si se analiza por el tema central de la economía, el PIB de 2019-2020 será de 1.5%-2% promedio anual o menos, muy lejos del 4% prometido y además con éste 4% insuficiente para el tamaño de la crisis social derivada de un crecimiento promedio de 2.2% promedio anual en el largo periodo 1983-2018.
El sistema/régimen/Estado es el mismo del PRI, el modelo de desarrollo/política económica/ bienestar también es el del PRI. El voluntarismo presidencial ha subido la aprobación popular, pero al final todo se debe medir en función del PIB y el bienestar. Sin partido, sin proyecto de desarrollo y sin estructura de poder, México regresó al caudillismo personal que siempre es limitado en tiempo y espacio y no crea bienestar social.