Los militares fueron llamados a labores de apoyo a la seguridad pública en diciembre de 2006 cuando los civiles habían fracasado: policías, jueces, funcionarios de los tres niveles y hasta medios formaban parte de la estructura de poder del crimen organizado. López Obrador afirmó primero que los militares regresarían a sus cuarteles y luego propuso la formalización de la participación militar en seguridad pública.
La iniciativa lopezobradorista para la creación de una Guardia Nacional con efectivos y mandos militares se aprobó en las comisiones legislativas y se desaprobó en las audiencias públicas. Estas vacilaciones gubernamentales responden a la falta de una doctrina de seguridad del Estado que debiera ser el principio rector de los gobiernos. El movimiento estudiantil del 68 demostró la disminución de la legitimidad del Estado, sin espacios de apertura democrática para la disidencia y la oposición.
El procedimiento de participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública (Calderón y Peña Nieto) y ahora con López Obrador se ha hecho sin ningún método. Antes de enviar a militares y marinos a combatir delincuentes, el gobierno como Estado debió haber definido primero tres principios rectores: una doctrina de seguridad interior, una ley de seguridad interior y una doctrina de defensa nacional.
Las estrategias de seguridad de Calderón, Peña Nieto y López Obrador han sido improvisadas. El punto más sensible fue el repudio del candidato López Obrador a la participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública y la decisión del presidente López Obrador, luego de recibir de los militares información de inteligencia del tamaño del problema de la inseguridad, de profundizar la militarización de las fuerzas de seguridad. Lo malo del gobierno actual fue su impreparación para defender la iniciativa de la GN y de su Plan de Paz.
López Obrador, la renacida Secretaría de Seguridad y el Plan de Paz no funcionarán si antes no se resuelve el problema conceptual-político-de poder de la seguridad interior, un concepto que viene de la Constitución de Cádiz de 1812 y que se reproduce en las tres constituciones aprobadas en el Congreso. La clave en este concepto radica en que el escalamiento de capacidad ofensiva y de corrupción de los grupos criminales ha convertido la seguridad pública del ciudadano en un tema de seguridad interior del Estado.
Si el gobierno de López Obrador no le entra a la reglamentación de la seguridad interior, su plan carecerá de posibilidades de ganar la lucha contra la delincuencia, con o sin GN y con o sin fuerzas armadas. Hay, cuando menos, tres esfuerzos de fijación de los principios de seguridad interior.
1.- EL Glosario de Términos del Colegio de Defensa Nacional de la Sedena, que forma parte del cuerpo doctrinario educativo de los militares, dice:
“Función del Estado, de velar por la seguridad y el orden interno manteniendo así el imperio de la Constitución y demás leyes que de ésta emanen, para generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la nación; obteniendo y controlando actos antisociales o contra el Estado, llevadas a cabo por personas o grupos transgresores de la ley, cuya actuación delictiva se encuentra previsto por las leyes del fuero común y federal”.
2.- El Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 del gobierno de Peña Nieto asumió los considerandos militares:
“Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.
3.- El Plan de Paz de López Obrador contiene un primer párrafo que podría decirse que asume puntualmente el concepto del Estado-Leviatán de Thomas Hobbes de 1651 que fundó la teoría del Estado-autoridad:
“La seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público: el pacto básico entre éste y la población consiste en que la segunda delega su seguridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos. Para ello están dotadas de facultades e instrumentos como leyes y reglamentos, organismos de procuración e impartición de justicia y el uso exclusivo de la fuerza pública. Cuando las instituciones son incapaces de utilizar adecuadamente tales potestades y herramientas y fallan en su responsabilidad de preservar la vida, la integridad y la propiedad de las personas y las poblaciones, entra en crisis su primera razón de ser, se debilita el acuerdo que articula las instituciones a la sociedad, se degrada la calidad de vida y se pone en peligro la existencia misma del Estado”.
Sin doctrina, ley y definiciones legales de seguridad interior, la seguridad pública seguirá al garete.
-0-
indicadorpoliticomx@gmail.com
@carlosramirezh
