Si el exprocurador Jesús Murillo Karam resulta responsable de construir una verdad histórica para desviar una investigación de un caso criminal que no involucraba al gobierno federal de entonces ni a su partido, entonces tendrá que pagar su responsabilidad penal. Y si el expresidente Peña Nieto dio la orden de tergiversar la investigación, también tendrá que cargar con sus culpas.
Sin embargo, la parte más importante del caso Ayotzinapa no está en responsabilizar a las autoridades judiciales a posteriori, sino en saber qué ocurría en la vida política de Guerrero cuando esa entidad estaba controlada por el PRD. Y al PRD de hoy, con sus baños de pureza chuchista y a los perredistas de 2014-2015 que hoy están en Morena, les debe corresponder la decisión de aclararles a los padres de los estudiantes quiénes y con la complicidad de quiénes apañaron a 43 de sus hijos, los asesinaron y desaparecieron.
En este escenario contrastante se advierte el pasmo real o manipulado de los padres de los 43 estudiantes porque se están olvidando de exigirles cuentas a las autoridades de gobiernos municipales y estatal entonces del PRD, por permitir la existencia del grupo criminal Guerreros Unidos, a quién se le acredita el secuestro, el asesinato y la desaparición de los estudiantes.
La estridencia espectacular del arresto de un exprocurador general de la República está convirtiendo a la Comisión de la Verdad en un aparato de distracción política que se está volviendo parte del escenario electoral de Morena rumbo a las elecciones estatales del Estado de México. Murillo Karam y sus presuntos cómplices tendrán que defenderse o negociar el reparto de culpabilidades, pero no hay ningún elemento que pruebe con valor judicial y procesal que el entonces procurador general hubiera sido responsable directo de dar la orden de apañamiento de los estudiantes y luego de su asesinato y desaparición.
Los padres de los 43 estudiantes debieran ser los más interesados en saber quiénes fueron los responsables de haber ordenado la captura, el asesinato y la desaparición de sus hijos y debieran estar centrados en exigir a las autoridades actuales la investigación que pudiera dar con el paradero de los restos de los estudiantes sacrificados.
La pasividad actual de los padres de los 43 estudiantes puede ser un acuerdo político con la Comisión de la Verdad para hundir en la cárcel al exprocurador Murillo Karam, a sabiendas de que la lista de responsables acusados nada tuvo que ver con el operativo de la noche sangrienta de Iguala y que ninguno de los actuales acusados podría dar referencias del lugar en que se pudieran encontrar los restos de los estudiantes.
La estridencia en el operativo de captura y procesamiento del exprocurador Murillo Karam y presuntos cómplices es una maniobra de distracción para controlar la capacidad de protesta de los padres de los 43 estudiantes y para acallar el grito de “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. En términos de estrategia de los acusadores de hoy, el encarcelamiento de Murillo Karam permitió mandar el mensaje gubernamental actual de que los estudiantes están muertos y que ninguna autoridad tiene la más remota idea de dónde están sus restos.
El intercambio de un funcionario peñista por la aceptación de la muerte de 43 estudiantes ha sido la característica de la Comisión de la Verdad, cuyas conclusiones sobre el procedimiento de encubrir el asesinato pudieran ser o no verdad, pero con los indicios de que las autoridades no cuentan con elementos para explicar por qué el presidente Peña Nieto y su gobierno se tomaron la molestia de –en la versión oficial actual– construir una “verdad histórica” de un caso ajeno a las autoridades federales.
La verdad histórica que hace falta es la que tendría que dar respuestas a las razones jurídicas y periciales que permitieron la impunidad del secuestro de 43 estudiantes con la complicidad de una policía municipal de una alcaldía controlada por el PRD y la entrega de los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos para consumar el asesinato y la desaparición.
De ahí la importancia de dejar clara que la verdadera verdad histórica –y con perdón de la reiteración de palabras– se encuentra en la responsabilidad de las autoridades municipales y estatales perredistas que convivieron y permitieron la impunidad del grupo criminal Guerreros Unidos, con la circunstancia agravante de que las acusaciones contra Murillo Karam y presuntos cómplices pudiera liberar a los delincuentes asesinos que aún quedan presos porque fueron víctimas del abuso del Estado.
Mientras no se aclare la responsabilidad histórica de las autoridades locales perredistas, el caso Ayotzinapa seguirá abierto.
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Política para dummies: en la mala política, a veces se acusa no el que la hizo sino al que tiene que pagarla.
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