MOISÉS MOLINA*
Hace unos días celebramos el Día de la Persona Juzgadora Mexicana y la fecha pasó desapercibida.
En el diseño institucional de México y en la dinámica social misma, el papel de las juezas y los jueces a todos los niveles es no solo importante sino imprescindible para la paz.
Son las y los jueces, más que los gobiernos, los encargados de preservar la paz social y la gobernabilidad porque su trabajo es resolver disputas.
Como bien lo ilustra Jordi Nieva en “El Origen de la Justicia”, el enjuiciamiento (los juicios o los procesos judiciales) desplazaron a aquellas formas incivilizadas e irracionales de administrar justicia, como las ordalías o la ley del más fuerte.
Las juezas y los jueces fueron inventados para despresurizar las sociedades del malestar creciente de los desencuentros entre ciudadanos.
Hoy en día (y probablemente sea la razón de que la celebración sea en silencio) la labor de juezas y jueces es ingrata.
Porque cuando el juez decide, generalmente alguien gana y alguien pierde.
Y si nos vamos a las judicaturas locales, la ingratitud se potencia.
El Estado tiene una deuda con sus juezas y jueces de primera instancia, que son la primera línea de contención de la problemática social.
No solo es que sean, en comparación con otras funciones menos delicadas del poder, mal pagados, sino que además hacen falta más juezas y jueces y es urgente más tecnología, personal auxiliar e infraestructura.
Por eso yo siempre he pensado que en estados como Oaxaca, ser juez es tener una vocación a prueba de todo.
De la insatisfacción social con nuestros sistemas de justicia, los menos culpables son las y los jueces. Ellas y ellos hacen lo que pueden con lo que tienen y hasta más.
Porque además no deciden a la suerte o por corazonadas.
Juzgar implica estudio y argumentación.
Cuando los jueces resuelven conflictos decidiendo quien gana y quien pierde invocan razones que tienen que ser además buenas razones.
Hay problemas a los que simplemente se aplica el texto de la ley, pero hay controversias (que son loa mayoría) cuya decisión depende de lo que hagan o dejen de hacer las fiscalías, los defensores y los asesores victimales.
El juez trabaja con la norma jurídica y con los hechos, pero también con las herramientas de la argumentación jurídica y el razonamiento probatorio.
Está obligado no solo a tomar una decisión, sino a justificarla; a decir por qué lo decidió así y como es que llegó a esa decisión.
Sus sentencias no son solo fallos o veredictos. Son discursos argumentativos. No solamente dicen el qué, sino el cómo.
Por ello, dando por sentadas las cualidades éticas del juez, su principal virtud es el estudio.
Los jueces están estudiando todo el tiempo: el expediente, las grabaciones de las audiencias, la jurisprudencia y la teoría.
¿A qué hora le queda tiempo para vivir? Solo ellos lo saben. Más aún quienes están adscritos lejos de sus familias.
En el marco del nuevo sistema de elección de jueces por voto popular, los electores deben saber que con la justicia de primera instancia no se puede jugar ni improvisar.
Ahí, independientemente del mecanismo y de las decisiones políticas, tienen que estar los que saben hacer el trabajo porque para preservar la gobernabilidad hay poco margen de error en sociedades donde las demandas de justicia son cada vez mas exigentes y la percepción de injusticia siempre está al acecho.
Por ello, desde mi humilde opinión, en las boletas electorales de la próxima elección de nuestros jueces locales tienen que estar los actuales para que sean ratificados.
De otro modo se corren riesgos que no sé si valdría la pena correr como gobierno y como sociedad.
Y adicionalmente tenemos que estar formando desde ya a quienes quisieran cubrir las vacantes que indefectiblemente tendremos por jubilaciones y decisiones personales.
Reitero, en la justicia local no podemos dar pasos en falso. Hay mucho en juego.
*Magistrado Presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
