Si la función central y única del Instituto nacional electoral es realizar elecciones que cumplan con los requisitos del ejercicio democrático del voto, entonces nada tienen que hacer los consejeros electorales metiéndose a querer bloquear la iniciativa de reforma electoral del partido mayoritario.
En este escenario político, los tres principales partidos de oposición denunciaron en la OEA qué las votaciones del pasado 6 de junio fueron narcoelecciones por la intervención directa crimen organizado, con evidencias probatorias concretas y con referencias a las fallas garrafales del INE en el cumplimiento de su función electoral.
Ante el anuncio del presidente de la República, del partido Morena y la iniciativa de reforma electoral del líder del Senado Ricardo Monreal Ávila, los consejeros del INE le han dedicado más tiempo a defender sus empleos cuestionando las argumentaciones reformistas e inclusive el consejero Ciro Murayama Rendón se pronunció por impedir la disminución de legisladores plurinominales en las dos cámaras como si fuera él mismo líder de algún partido político.
De las cuatro acusaciones de la alianza opositora en la OEA, la primera es la más importante por qué señala “la intervención (consentida o pactada por el Gobierno federal) del crimen organizado en el pasado proceso electoral”. En la prensa, durante el proceso electoral, se presentaron evidencias concretas de que bandas criminales beneficiaron a algunos candidatos y partidos y afectaron con acciones delictivas el desarrollo democrático de las elecciones en las campañas y el día de la edición del voto.
En este contexto es en el que se localiza la falla de vigilancia del proceso electoral por parte del INE para garantizar elecciones limpias que reflejaran el sentimiento real de la sociedad. El Instituto tiene facultades para supervisar que ninguna fuerza extraña aparte de electores y partidos se involucre en los procesos electorales, por lo que es válida la denuncia de que los consejeros del INE cometieron una terrible falla de seguridad electoral porque no alertaron a las autoridades del involucramiento del crimen organizado en las elecciones.
Lo de menos es que la denuncia en la OEA proceda o no proceda, porque el problema no radica en la viabilidad de la denuncia, sino en las evidencias de que el crimen organizado logró capturar instituciones de la democracia representativa a nivel municipal, estatal y federal.
Si se revisa bien el sentido de los anuncios del presidente de la República y de Morena y el contenido de la iniciativa de reforma electoral del senador Monreal, nada hay ahí que implique un cambio del agotado modelo electoral salinista de un consejo electoral de notables en el INE, sino que se centran en reorganizaciones operativas que implicarían el relevo anticipado de consejeros del Instituto y de magistrados del Tribunal Electoral Federal.
En este sentido, las reacciones del consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova Vianello, y los demás consejeros tienen más intensidad en la defensa de sus cargos y sobre todo de sus salarios, sin ninguna iniciativa para revisar el proceso electoral y encontrar los datos revelados en medios y recogidos por la alianza opositora respecto a casos concretos de participación ilegal del crimen organizado en las elecciones para beneficiar a determinados candidatos y partidos.
La denuncia en la OEA cuando menos hizo visible a nivel internacional la expansión político-institucional del crimen organizado en las estructuras del Estado que debieron de haber sido blindadas por las autoridades de gobierno y por los funcionarios del INE. Bastará una revisión de noticias columnas y artículos en los principales diarios y semanarios para encontrar los casos concretos de criminalidad en el proceso electoral del 6 de junio pasado. El INE debió haber tomado la iniciativa para obligar a las autoridades de gobierno a atender el activismo electoral de las bandas criminales.
Antes que defender tu chamba y sus salarios, los consejeros del INE le deben al país una explicación y decisiones –aunque sea tardías– para limpiar el proceso electoral del involucramiento electoral del crimen organizado.
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