SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, Tlacolula. (sucedióenoaxaca.com).- El racismo sigue siendo un enemigo a vencer porque “nos despoja de dignidad y eso a nivel emocional y social tiene un efecto perverso; alguien despojado de dignidad tiene pocas posibilidades de pelear por lo que cree y quiere; siente culpa y se avergüenza” de sí mismo, sostiene Judith Bautista Pérez, socióloga integrante del Colectivo Para Eliminar el Racismo (Copera).
“Despojar de dignidad a un pueblo o una persona es quitarle el valor como humano y entonces puede pensar que entrar al crimen organizado es un acierto, que estar pariendo en el patio de un hospital es un destino; que de ocho hijos, que mueran cinco es normal, porque hay un mensaje permanente que lo hace justificable”, declara enfática.
Licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Maestra en la misma especialidad por la Universidad Iberoamericana, Judith Bautista ha dedicado los últimos años a desarrollar una perspectiva antirracista toda vez que ha quedado en claro que las razas no existen, que se trata de un concepto a favor de quienes ostentan el poder para someter a los demás
“La idea de que existen razas superiores ha sido utilizada para justificar el despojo de los pueblos indígenas, la esclavitud y el maltrato de personas consideradas diferentes, haciendo creer que la vida de ciertas personas vale menos que la de otras”, expone.
Mientras prepara un café para acompañar la entrevista, en la casa que habita en Lachigoló, la socióloga intercambia palabras con su madre en lengua zapoteca.
Originaria de San Juan Atepec, en la Sierra Norte de Oaxaca, Judith Bautista dirige actualmente el proyecto “Hacia una agenda antirracista para mejorar el acceso a la justicia” que implementa el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet) en tres entidades de la república mexicana: Oaxaca, Campeche y Yucatán.
Clara en sus conceptos y apasionada en sus convicciones, explica los componentes y circunstancias en que se manifiesta el racismo hacia personas y comunidades indígenas, un racismo sistémico, institucional, que, define, va desde el interior de la familia hasta el ámbito laboral, y en los servicios públicos desde la salud y la educación, hasta la impartición de justicia.
En el campo laboral o profesional, se ha comprobado que el color de piel está asociado con los puestos de ocupación: entre más moreno más puestos de ocupación manual; mientras más claro, más puestos de ocupación intelectual.
“Lo sabemos y lo tenemos muy claro pero -viene la autocrítica como sociedad- decimos, ay, qué feo, qué mal, yo quiero mejorar la raza para que mis hijos no vivan eso; quiero que hablen español, en vez de cuestionar como sociedad esa estructura. No cuestionamos el privilegio y eso da pie a la pigmentocracia, racismo por color de piel, por facciones. Por eso nos hace corto circuito pensar que Yalitza es bella y exitosa, porque esos esquemas no se reproducen en lo cotidiano en nuestro país”, expresa.
Señala también que las personas que hablan una lengua indígena tienen menores posibilidades de acceso a la formación universitaria y de postgrado, y cuando ese pequeñísimo porcentaje lo logra, sus honorarios suelen estar por debajo de los de una persona no indígena.
En el ámbito de la salud, aporta un dato que evidencia el racismo institucional por la falta de atención pertinente en zonas rurales o indígenas.
El índice de mortandad infantil entre la población indígena es del 47 por ciento, casi el doble de la media nacional que es de 26.5 por ciento.
Por lo que toca a la impartición de justicia se pregunta: “¿Cómo hacemos para asegurar con leyes la pertinencia de justicia racial cuando institucionalmente existe la percepción generalizada de que a la población indígena siempre le va mal; que si no habla español ya se jodió?”
Mencional que al momento que un juez está pensando en resolver una sentencia no toma en cuentan la pertinencia lingüística. “En el caso de una persona extranjera que no habla español y solo inglés, por ejemplo, rápidamente le consiguen un intérprete, pero eso no sucede con hablantes de lenguas indígenas”.
Por otra parte, comenta que la autonomía que garantiza la Constitución a las comunidades indígenas, no representa un obstáculo para el gobierno federal al momento de otorgar concesiones a empresas mineras.
“Del 35 por ciento del territorio nacional concesionado a mineras, de ese porcentaje -subraya- el 80 por ciento de las concesiones para explotación se encuentran en territorios indígenas”.
Concluye que de forma paralela a la construcción de la perspectiva antirracista, en México se necesita tipificar el delito de racismo, pues una persona que sufre un trato racista no puede denunciarlo sino únicamente como un trato discriminatorio que se atiende como una falta individual, pero no aplica para la discriminación o el racismo institucional.
¿El efecto Yalitza favorece la implementación de una perspectiva antirracista?
-Ese es otro efecto de cuando hablamos de discriminación y no hablamos de racismo. Decimos: Yalitza ya llegó y está representándonos. Me gusta la idea de que tenga una carrera exitosa, pero que ella esté en ese espacio no significa que todas las mujeres indígenas estemos. El sistema está cubriendo una cuota pero no está cuestionando a nivel estructural; no se cuestiona lo que sucede con el resto de la población indígena.
