Como un eje clave en la propuesta de gobierno del candidato López Obrador en 2018 quedó el compromiso de revertir no sólo las cifras sino el escenario integral de la crisis de seguridad pública, cuyo dato significativo y no determinante se ilustraba con las cifras diarias de homicidios dolosos y de actos de inseguridad.
El programa de seguridad pública del nuevo gobierno quedó atrapado en las redes complicadas de la herencia en seguridad de largo ciclo tecnocrático 1982-2018. El modelo neoliberal delamadridista-salinista rompió con el esquema de complicidades de seguridad del régimen priísta, pero no pudo proponer una estrategia de profesionalización de la seguridad.
El gobierno lopezobradorista se encontró con una estructura de seguridad enredada y la ausencia de un cuerpo doctrinario sobre la seguridad y la incorporación de las fuerzas armadas al combate sólo contra las bandas del crimen organizado. Sin embargo, el problema de la inseguridad era más complejo, pero los gobiernos se centraron de manera exclusiva en el objetivo de capturar capos del narco.
El gobierno del presidente Peña Nieto, a propuesta de los mandos militares, decidió entrarle a un reacomodo de la estrategia de seguridad pública a partir de la incorporación de la seguridad interior. En 2017 pudo definir, sin técnica jurídica ni procedimiento legislativo, una Ley de Seguridad de Interior que fue bloqueada por la Suprema Corte de Justicia. El punto central de la falla legal radicó en la falta de un debate sobre el concepto de seguridad interior, al grado de que algún ministro de la corte dijo que no entendía qué era eso de seguridad interior.
El gobierno de Peña no entendió el esquema de la seguridad interior y se concretó sólo a establecer criterios de regulación del procedimiento de incorporación de las fuerzas armadas a labores de apoyo a la seguridad pública en una fase de crisis de la seguridad interior. El concepto de seguridad interior es constitucional y viene de la fuente originaria del constitucionalismo mexicano: la Constitución de Cádiz de 1812 estableció en su artículo 356 que “habrá́ una fuerza militar nacional permanente, de tierra y de mar, para la defensa exterior del Estado y la conservación del orden interior”. Las constituciones nacionales de 1824, 1857 y 1917 mantuvieron el sentido y le dieron ya la condición de “seguridad interior”.
La seguridad interior es la “condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional“.
En este sentido, la estrategia de seguridad del gobierno del presidente López Obrador introdujo el paradigma de la seguridad interior en materia de combate a las bandas del crimen organizado o desorganizado, no sólo del narcotráfico. Y en tanto que la delincuencia afecta las estructuras del Estado, la soberanía territorial del Estado y el funcionamiento del sistema productivo como esencia del enfoque binario de crecimiento-bienestar, el Estado tiene la obligación de utilizar todo su aparato de seguridad para confrontar la delincuencia.
La estrategia de seguridad de la 4ª-T operó en el modelo de construcción de la paz y el paradigma de la seguridad interior. A este enfoque le ha faltado una ley de seguridad interior para definir con claridad el concepto de Estado de seguridad interior. En este escenario se ubicaría, inclusive, la justificación de la creación de la Guardia Nacional y su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional, en tanto que el enfoque de seguridad pública pasa a ser un asunto de seguridad interior del Estado.
El paradigma de la seguridad interior como principio fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad pública quedará incompleto sin una ley reglamentaria que complemente las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas y la Ley de Seguridad Nacional.
En el fondo, la seguridad interior no implica un nuevo involucramiento de las fuerzas armadas en actividades civiles, sino que implicaría la comprensión de la inseguridad pública como un asunto de seguridad del Estado ante el crimen organizado que ha estado capturando instituciones estatales para beneficio criminal.
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