Crónica de un despojo II

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La implementación de la reforma energética de 2014, gracias a sobornos a funcionarios y legisladores, permitió, al establecer las leyes secundarias, términos contractuales y demás normativa, otorgar privilegios desproporcionados e injustos, a favor de inversionistas privados:

El sistema de despacho de los generadores eléctricos se diseño para dar ventaja y privilegios a los privados en detrimento del país. El despacho es la programación de la generación de energía para cubrir la demanda, de donde se va a tomar primero energía para vender. Se implementó el criterio de Despacho Económico que consiste en dar prioridad a las centrales con, aparentemente, costos más bajos de producción, que resultan ser los generadores privados, dado que algunos de sus costos de producción los absorbe la CFE. Esto les asegura el despacho prioritario garantizando la rentabilidad que necesitan, negocio seguro. El no despacho de energía genera pérdidas que tiene que absorber la CFE. La rentabilidad de las empresas privadas es a costa del aumento del riesgo y finanzas de la empresa propia; si quedas al último y la demanda es poca, como sucedió cuando el capitalismo paró por la pandemia, no vendes y cierras o absorbes los costos. No es que se desprecie a las energías limpias o la inversión extranjera, se trata de finanzas públicas.

Los Productores Externos de Energía (PEE) son empresas privadas de producción independiente de energía para su venta exclusiva a la CFE, son sobre todo españolas y francesas. Para su operación, los gobiernos neoliberales facilitaron la adquisición de terrenos, construcción de centrales, interconexión a la red eléctrica, suministro y transporte de combustible, estudios técnicos de factibilidad, permisos y licencias, a costa del erario.

En 2019 la energía producida por estas empresas costó a la CFE aproximadamente 51 mil millones de pesos; más 16 mil millones por cargos fijos que están relacionados con capacidad de operación y mantenimiento de las centrales, más 59 mil millones por cargos variables como adquisición de combustibles, operación y mantenimiento.

Estos cargos, que de hecho son subsidios, se encuentran comprometidos en contratos alevosos suscritos en los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña; tienen que pagarse independientemente de que la CFE consuma la electricidad comprometida.

En total, la compra de energía eléctrica a privados costó aproximadamente 127 mil millones de pesos en 2019. Estamos pagando por lo menos al doble del precio la energía a los españoles, que nos siguen vendiendo espejitos.

La CFE ha pagado por energía privada 730 mil 432 millones de pesos, obligados por el sistema de despacho impuesto por Peña, y se tienen comprometidos para las próximas décadas un billón 676 mil 665 millones. Más 471 mil 661 millones, por argos fijos, y un billón 774 mil 951 millones por cargos variables. Un negocio multimillonario sin riesgo a costa de los mexicanos.

En 2014, con la reforma energética surgió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y hubo la oportunidad de regularizar este desfalco a la Nación ya que quedaría derogado el marco normativo bajo el cual surgieron estas empresas, pero lejos de eso se estableció que los contratos alevosos firmados con privados continuarían vigentes.

La LIE obligó a crear la filial CFE Intermediación de Contratos Legados para hacerles el trabajo operativo y administrativo a las empresas españolas y francesas, que son sus competidores directos, alcanzando pérdidas por 7,820 millones de pesos tan solo en 2018. Otro subsidio de miles de millones de pesos. En estos términos se encuentran firmados contratos con vigencia hasta 2039, lo que representarán al país pérdidas por 164 mil 220 millones.

Los costos totales reales de generación de la CFE con estos contratos son mayores a los reconocidos por la CRE. Ésta fijó tarifas sobre la base del costo de generación que ella reconoce y que son menores al costo real total. Por lo que las tarifas establecidas no reflejan el costo total real y provoca pérdidas a la CFE.

En 2018 los costos totales reportados por el Mercado Eléctrico Mayorista, más los costos de operación de los Servicios de Suministro Básico, fueron de 533,444 millones de pesos. Por otro lado, los ingresos por venta de energía fueron de 390,039 millones, más 81,405 millones de subsidio para el Suministro Básico. Lo que da un pasivo de 62,000 millones que fue cubierto por la CFE, provocando una grave afectación financiera y reduciendo su capacidad de inversión.

Si nos obligan a vender algo, más barato de lo que nos cuesta producirlo, es claro que vamos a salir perdiendo y eso no significa que la empresa no sea rentable. Hay 2 formas de solucionar el problema: o la CFE sube el precio final de la luz al pueblo para seguir subsidiando a los españoles para que no se enojen y sigan invirtiendo; o las instancias correspondientes quitan ese subsidio y reflejan en las tarifas los costos reales.

Tristemente continúa…