OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Con el fin de promover y garantizar el pleno derecho a los ambientalistas oaxaqueños, el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas (CONANP), han iniciado los protocolos de capacitación e inscripción de ambientalistas locales para su adscripción al Tratado de Escazú con el objetivo de garantizar los derechos, de acceso a la información, participación plena y justicia ambiental. Con este instrumento jurídico de carácter internacional se ratifica que la seguridad jurídica es la mejor manera de tratar los problemas socio-ambientales.
El Acuerdo de Escazú da especial relevancia a la vida de los defensores ambientales, es por ello que impone plenamente protección y promoción de sus derechos. Al ser un acuerdo regional impulsado por la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) organismo de las Naciones Unidas y firmado por el Estado mexicano es vinculante, por lo que los tres niveles de gobierno deben ser garantes del acceso a la justicia, la protección y la participación ambiental.
El término Democracia Ambiental es incluido en este tratado y compromete al gobierno Federal, Estatal y Municipal, no solo a cumplir con la norma ambiental vigente, sino a innovar para buscar el consenso con las poblaciones en las controversias ambientales, de esta manera, de no resolverse problemas en materia ecológica puede llevarse a tribunales internacionales incluyendo la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Los activistas ambientales que participaron en esta reunión Arnoldo Dámaso, Nazario García, Markoa Vásquez así como los Presidentes del Colectivo de Organizaciones Ambientales de Oaxaca (COAO) Gerardo Aldeco Pinelo, y René Sánchez Hernández de la Confederación Nacional Ecologista, coincidieron que el Acuerdo de Escazú es el esfuerzo más grande que han realizados los gobierno de América Latina y señalaron que también es necesario que el Acuerdo dé cobijo a distintos activistas de las 8 regiones del estado de Oaxaca.
Igualmente los activistas reconocieron que problemas socio-ambientales, como la controversia por el derribo de mil 500 árboles en la Av. Símbolos Patrios tienen una vía jurídica para su solución, al igual que el rescate del Río Atoyac, el cerro del Crestón, de la misma manera contribuye a la búsqueda de justicia para los activistas ambientales asesinados en Oaxaca.
