Desde que algunos intelectuales dejaron de colaborar con el gobierno y pasaron a la crítica en 1958 por la gran represión gubernamental contra líderes sindicales comunistas, la agenda entre el pensamiento y el poder tiene a veces momentos memorables y otros patéticos.
Ahora mismo en México la revista Nexos y su director Héctor Aguilar Camín están encabezando una ofensiva con el argumento de que el gobierno lopezobradorista los está censurando con un acuerdo que castiga a la publicación con dos años de cero publicidades gubernamentales por haber encontrado irregularidades ilegales en su expediente de 2018 con una página de publicidad por algo menos de tres mil euros.
La decisión gubernamental puede impugnarse por un castigo demasiado alto. Pero en ningún momento se habla de impedir su circulación, de castigar a sus analistas o de encarcelar a sus editores. Si las cosas marchan bien, en dos años la revista podría solicitar publicidad gubernamental. Sin embargo, la reacción del novelista, ensayista e historiador Aguilar Camín ha sido estridente y se ha centrado en el argumento de un acto de censura gubernamental.
El caso Estado vs. Nexos es uno de los más fascinantes de analizar en las relaciones del Estado con los intelectuales y de los intelectuales con el Estado. El presidente López Obrador, uno de los políticos más atacado y cuestionado por ensayistas, ha cerrado las llaves de la publicidad gubernamental a medios, con excepción de algunos preferidos. No debiera ser así. Pero en realidad todos los presidentes de México han usado el dinero público de publicidad para beneficiar a los amigos y castigar a los adversarios.
Y este mecanismo lo conoce Aguilar Camín a la perfección: en los gobiernos priístas de Carlos Salinas de Gortari (1988-19934) y su sucesor Ernesto Zedillo (1994-2000), la revista Nexos recibió millones de pesos en publicidad, contratos para la realización de estudios, espacios preferenciales en el Instituto Electoral, la entrega del Canal cultural 22 al grupo Nexos y el cobro de salarios como investigador sin trabajar por ellos. Todo ello está documentado. Y hubo varios contratos a favor de Nexos operados nada menos que por Raúl Salinas de Gortari, el llamado hermano incómodo del entonces presidente y uno de los señalados como el gran corruptor. Y Zedillo le dio a Nexos contratos para redactar de nuevo algunos libros de texto gratuito que fueron quemados por errores e inclusive un miembro de ese grupo intelectual fue subsecretario de Educación Básica.
En los tiempos de Salinas y Zedillo hubo mucha represión brutal a la oposición (más de 500 miembros del partido PRD del opositor Cuauhtémoc Cárdenas, decenas de periodistas amenazados y despedidos por sus críticas), y nunca hubo empatía hacia ellos por Aguilar Camín y Nexos. Hay, entre muchas, dos fotos de Aguilar Camín conviviendo de manera amigable con Salinas.
En una entrevista en Proceso en diciembre de 1977, el poeta Octavio Paz afirmó que los intelectuales pueden colaborar con los gobiernos, pero que debían “mantener la distancia del Príncipe”. Paz realizó sin dinero público el Encuentro en la Libertad de intelectuales de talla internacional después de la caída del Muro de Berlín y en 1992 Nexos realizó su Coloquio de Invierno con dinero de la presidencia de Salinas de Gortari. En 1973 el escritor Carlos Fuentes fue designado embajador de México en Francia y en 1976 apareció en el PRI haciendo campaña para el candidato José López Portillo.
Los intelectuales tienen derecho a participar en política como deseen, pero carecen de argumentos cuando existen irregularidades ilegales de por medio. Ahora mismo Nexos y Aguilar Camín están peleando publicidad oficial para ellos y nada están haciendo para definir nuevas reglas y leyes que beneficien a medios críticos. La revista Letras Libres y su director Enrique Krauze han sido más y mejores críticos contra López Obrador y no tienen publicidad oficial, pero hasta ahora no se han desgarrado las vestiduras. Los gobiernos no tienen derecho a usar la publicidad oficial para beneficiar o castigar a intelectuales, pero en México siempre ha sido así. Por ello, el debate es la lucha por reglas y leyes que reduzcan el voluntarismo gubernamental en la distribución de fondos publicitarios públicos.
El caso de Nexos y Aguilar Camín es un asunto comercial, no de libertad de expresión ni de censura. Y exige una revisión de las relaciones de intelectuales mexicanos con el poder, sobre todo cuando algunos son parte del poder y no han mantenido las distancias del Príncipe.
@carlosramirezh
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