La revisión de la cuestión de la guerrilla en México como disputa por el régimen de gobierno en el largo periodo de 1958-1982 se presenta como el principal problema de definición de régimen del gobierno del Partido Morena.
La crisis desatada por la referencia de Pedro Salmerón a los “jóvenes valientes” de la guerrilla radical violenta de la Liga Comunista 23 de Septiembre que asesinó al poderoso empresario regiomontano Eugenio Garza Sada en 1973 tocó los nervios sensibles de la propuesta populista-neoliberal del presidente López Obrador.
El asesinato del líder del sector privado de Monterrey se dio en medio de una disputa del gobierno progresista de Luis Echeverría y su acercamiento a Chile socialista, al comunismo cubano y a los Países No Alineados y el sector privado. Y Salmerón recordó aquel crimen 46 años después y lo convirtió en un factor de definición del gobierno de López Obrador en su relación de dependencia de las inversiones del sector privado.
La preocupación de los empresarios hoy radica en la posibilidad –desde su punto de vista– de que el enfoque asistencialista social y la incorporación de personalidades de la lucha anti sistema priísta y la guerrilla pudiera definir la esencia del gobierno lopezobradorista.
Lo grave del asunto se localizó en el hecho de que el presidente López Obrador no es un radical anti sistema priísta ni coincidió con la lucha armada, aunque desde sus posiciones de líder social entendió con claridad las razones de la guerrilla, las cuales, por cierto, no fueron de lucha por el cambio, sino del estallamiento de una revolución armada para la sustitución –ahí sí– del régimen constitucional democrático con restricciones en la práctica por un gobierno socialista sin propiedad privada de medios de producción. Se ha interpretado que López Obrador abrió espacios a los radicales guerrilleros como parte de la institucionalización de sectores ideológicos marginados que pudieran regresar a las andanzas guerrilleras.
El sector radical guerrillero está merodeando las decisiones de López Obrador para reconstruir el régimen de la Revolución Mexicana, como se vio en el caso de Salmerón y sus seguidores y también como se percibe en la alianza de la CNTE con la guerrilla vigente y declinante del EPR. Y no pocos ven una radicalización de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, centro político e ideológico de la guerrilla rural desde tiempos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas.
El más afectado con el asunto Salmerón y el EPR-CNTE es el proyecto de gobierno del presidente López Obrador. Hasta ahora la guerrilla zapatista del EZLN no se ha involucrado en el debate porque su zona de trabajo político se centra en la construcción de centros sociales Los Caracoles y en el control de municipios autónomos, sin romper hasta ahora la institucionalidad.
El debate hoy sobre la guerrilla 1957-1982, de las rebeliones obreras y la guerrilla rural de Rubén Jaramillo hasta la liquidación criminal de las insurrecciones guerrilleras nacidas entre la Revolución Cubana y el 68, en nada beneficia al consenso social que está construyendo el presidente López Obrador y a su dependencia de la inversión privada en el desarrollo. Con Echeverría la guerrilla fue un factor de ruptura de la ultraizquierda con el gobierno, en tanto que hoy la guerrilla es aliada a la reforma institucional del régimen.
La guerrilla no nació para instaurar la democracia, sino para destruir la democracia burguesa del régimen priísta e instaurar el socialismo de Estado. Por eso siempre fue minoritaria. Esa izquierda sí tenía razones para ocupar su espacio de institucionalidad, pero siempre fue sin base electoral. El Partido Comunista Mexicano como símbolo de la izquierda socialista no tuvo registro legal para participar en elecciones, pero supuso que sin registro pudo haber obtenido un millón de votos en las elecciones presidenciales de 1976 (5%), como PCM legal logró 700 mil votos en 1979 (5%), 822 mil en las presidenciales 1982 (3.5%), 600 mil como PSUM (3.3%) y 810 mil en diputados en 1988 (4.3%) porque en las presidenciales se sumo al Frente de Cárdenas.
El problema actual radica en que el partido Morena es la suma de tres corrientes principales: la cardenista-priísta, la comunista en extinción y la asistencialista lopezobradorista. Y el asunto se complica más cuando el proyecto de gobierno de López Obrador en materia de desarrollo carece de un sector público dominante como en tiempos de Echeverría, depende de la inversión privada de los grandes grupos plutócratas y no tiene intención de reconstruir el modelo cardenista de capitalismo monopolista de Estado.
Al final, los Salmerón, los Taibo, los Pablo Gómez, los radicales de la izquierda de los sesenta y los ajustadores de cuentas con el pasado serán un obstáculo para la construcción de una alianza productiva lopezobradorista con los empresarios inversionistas.
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Política para dummies: La política es siempre la disputa entre el viejo régimen que se niega a morir y el nuevo régimen que no sabe como nacer.
@carlosramirezh