OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- En pleno “Julio, mes de la Guelaguetza”, protagonizada por las delegaciones de las comunidades y pueblos indígenas de Oaxaca que participan en los Lunes del Cerro, un grupo de expertos en “Defensa legal y derechos indígenas” pusieron el dedo sobre la llaga al exponer la deuda que existe a la fecha en materia de justicia con las personas indígenas privadas de su libertad.
De acuerdo con un censo realizado en 2013, de entre mil 200 presos indígenas, sólo 120 contaron con intérprete o traductor durante su proceso penal; y en la mayoría de los casos, quienes traducían eran personas sin la formación necesaria, ya que eran habitantes de la misma comunidad o de localidades cercanas a la de origen del imputado, lo cual no garantiza el respeto a su lengua originaria, como lo establece la Constitución, pues si bien una persona indígena habla español, esto no significa que pueda articular un discurso y entender los términos legales tal como lo hace a través de su idioma propio.
Así lo dio a conocer Gaby León Camacho, abogada, intérprete y traductora en lengua mixteca integrante del equipo de traductores e intérpretes del Centro Profesional de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet), al participar en el Conversatorio “Defensa Legal y Derechos Indígenas”, realizado el viernes 19 de julio en el salón La Capilla del Centro Cultural San Pablo.
La abogada, y demás participantes en la mesa de análisis, coincidieron en que si bien el Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial, conocido como el Nuevo Sistema de Justicia, que entró en vigor en 2016, se basa en cuidar, garantizar, proteger y hacer valer los derechos humanos de las y los involucrados, aún les queda a deber a quienes conforman las comunidades y los pueblos indígenas, ya que de la teoría a la práctica existe una gran brecha de reconocimiento de sus derechos, de manera especial, al respeto de su lengua y estructuras propias de justicia.
Durante el Conversatorio, organizado por Cepiadet, en colaboración con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de la Ciudad de México, la abogada originaria de la comunidad mixteca de Santa María Yucunicoco, Yuxtlahuaca, enfatizó que quienes ralizan traducción e interpretación para personas indígenas privadas de su libertad, se enfrentan a un sistema que no respeta su trabajo, y que suelen ser presionados para que hagan su intervención lo más rápida y corta posible para no “frenar” el proceso legal, incluso, les quieren indicar la manera en qué deben hacerla, además que reciben un trato distinto al que dan a representantes de la Defensoría Pública y abogados.
“Me han tocado muchos casos, desde que empecé en 2015, donde me he enfrentado a la Secretaria que me quiere imponer un modo de trabajo, a limitarme el tiempo para hablar con la persona para conocer mi me puedo entender con ella”, expuso.
Agregó que en muchas ocasiones, obligan a las personas en prisión a renunciar a su derecho de intérprete, cuando ellos no siguen el proceso como deberían. “El horario del intérprete no es seguro, a veces una está esperando durante cinco horas, y una ve cómo atienden mejor al defensor o defensora, al fiscal, y a la intérprete ni siquiera le ofrecen un vaso de agua. El trabajo de una lo menosprecian un poco”, compartió la abogada
Ley en la letra, no en la realidad
A su vez, la abogada Norma González Jiménez, defensora pública federal, y Yuri Escalante Bentacourt, coordinador del área social del ejido Cieneguillas, Lerma de Estado de México, coincidieron que la ley apunta y garantiza los derechos de las personas indígenas, sin embargo, en la práctica cotidiana del Sistema de Justicia no se aplica, puesto que “un indígena, cuando enfrenta la justicia lo hace en asimetría de poder, aunque tenga las herramientas, no comprende el procedimiento, no entiende el Sistema, ni un ciudadano de a pie lo hace”, dijo González Jiménez.
Ambos apuntaron que el problema es que el Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial se diseñó sin consultar a las comunidades indígenas, quienes ya cuentan con sus propios sistemas para impartir justicia, los cuales son de común acuerdo y con respeto en el derecho individual y colectivo, punto fundamental que el uevo Sistema de Justicia olvida, lo cual deja fuera el verdadero pluralismo jurídico y la multiculturalidad de los pueblos originarios.
En su perspectiva, Escalante Bentacourt, experimentado en peritaje antropológico, señaló que existen cuatro barreras fundamentales que evitan a las personas indígenas acceder a una real justicia: el formalismo o legalismo, el colonialismo legal, el racismo judicial e individualizar el derecho.
La primera se basa en que el derecho y la ley son demasiados formales, puesto que no permiten flexibilidad en su interpretación y sobre todo aplicación; en tanto, se pretende imponer una sola idea de ley a las comunidades indígenas, una ley ajena con base en estructuras sociales que preponderan el castigo; a la vez que se excluye a los distintos, a quienes no se amoldan a este sistema y sus normas, además de no tomar en cuenta a la comunidad y solo pensar en el individuo como sujeto para aplicar el derecho, lo cual limita su alcance.
Apreciación que apoyó la profesora investigadora del CIESAS de la Ciudad de México, María Teresa Sierra Camacho, al señalar los tres niveles de conflictos que enfrentan las y los indígenas en el Sistema de Justicia: el uso de su lengua, el discurso jurídico que se impone y los modelos culturales.
Las y los involucrados en un proceso judicial no hablantes de español, no solo deben entender la situación que enfrentan, sino también comprender el entorno legal, lo cual solo es posible a través de intérpretes capacitados y conocedores de la visión cultural de las comunidades, además de poder traducir un lenguaje legal hecho con términos ajenos y sin traducción literal en las lenguas originarias y que forman parte de un contexto cultural ajeno.
De esta manera, especialistas en la materia abrieron el diálogo sobre la importancia de cuestionar y brindar propuestas reales que permitan a las comunidades y pueblos indígenas contar con una real, cercana y tangible impartición de justicia, sin articulaciones ajenas, distantes e incomprensibles a su sensibilidad y entendimiento universal.
