Este 5 de mayo entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Comisionada Presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, hace un año señalaba que era un momento histórico para la transparencia y la rendición de cuentas de nuestro país su promulgación. Hoy vemos que no es tanto, la falta de voluntad política de los legisladores de las entidades federativas sigue vigente, el litigio por armonizar su ley local ha sido la constante entre las fracciones parlamentarias.
Desde el ámbito espacial de validez, esta ley es aplicable a toda la República Mexicana. Los congresos locales tuvieron un año para armonizar sus leyes en la materia. Vencido el plazo solo 24 entidades federativas cumplieron el mandato, más de la mitad lo hizo en la última semana del día perentorio.
Oaxaca armonizó su ley en el lugar sexto pero con un ejercicio legislativo desaseado y sin apertura a la participación ciudadana. Es tanto el desaseo que hoy nuestra ley no está publicada en el portal del propio congreso. Todavía no se ponen de acuerdo cómo la publicarán, si en partes o de un solo jalón con una reforma por delante. ¡Qué vergüenza!
Entre los objetivos de la ley está establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho a la información así como procedimientos y condiciones homogéneas en este ejercicio mediante procedimientos sencillos y expeditos.
Los organismos garantes tendrán como principios rectores la certeza, la eficacia, la imparcialidad, la independencia, la legalidad, la máxima publicidad, la objetividad, el profesionalismo y la transparencia.
En el caso de nuestro órgano estatal, desde mi particular punto de vista, la profesionalización no lo rige en este momento, fueron incrustados varios familiares de los actuales diputados y diputadas en su estructura con categoría de mandos medios. Su contralor interno impuesto por la Junta de Coordinación Política como cuota del PAN, mediante un acuerdo interno elevado al pleno.
Es momento que el órgano garante a través de sus Comisionados impulse un procedimiento de selección de profesionales en la materia para hacer frente a esta encomienda. Es momento que se despresurice políticamente, en caso contrario, la inercia de garantizar este derecho los llevará a la debacle.
Es de gran relevancia que los organismos garantes promoveran la publicación de datos abiertos y accesibles, es decir, es exigible la información en archivos que puedan reutilizarse como el Word o el Excel. Tendrán que quedarse en el olvido los archivos con extensión PDF, JPG, PNG, etc. Que tanto le gustan a los sujetos obligados.
También los órganos garantes deberán proponer a las autoridades educativas que incluyan contenidos sobre la importancia social de este derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudios. La promoción debe empezar desde los niños y niñas para que en el mediano plazo quede sólidamente en su quehacer cotidiano este derecho.
Destaca la transparencia proactiva, los órganos garantes deberán emitir políticas diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional considerando la demanda de la sociedad. En Oaxaca con este gobierno en lugar de transparencia proactiva prefirió la comunicación reactiva; hoy seguimos insistiendo para que el FIDELO entregue la información relativa al Centro de Convenciones y las realizadas en fraccionamientos en Huatulco. Obras que han tenido suficiente demanda social y que se sigue litigando su entrega.
Esta ley contempla 48 obligaciones comunes y adicionalmente para el Poder Legislativo Federal y Estatal, en su artículo 72 adiciona quince más. Ahora sí podremos escudriñar a nuestro congreso oaxaqueño, iniciaremos por solicitar cuánto dinero público recibe cada legislador como percepción, gastos de representación, gastos para uso personal, dietas, comisiones y demás. Es el momento de dar la batalla a la opacidad que priva en el congreso y que hoy lo hace un jugoso negocio electoral. Su presupuesto fue incrementado de manera brutal y al amparo de su autonomía litigan su entrega de manera desglosada.
Las universidades públicas también se abrirán, deberán poner a la vista de todos la lista con los profesores con licencia o con año sabático, así como la remuneración de cada uno de ellos incluyendo los estímulos al desempeño, al nivel y monto. Además de las convocatorias de los concursos de oposición y de las evaluaciones del cuerpo docente. La UABJO se quitará presión de los grupos políticos al interior, transparentando lo que reciben de logros sindicales estos grupos.
Esto se pondrá bueno, ejerzamos este derecho que será la base para terminar con los privilegios de unos cuantos. Es cuanto ciudadanos.
