El 17 de febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación entregó los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014. A nuestro estado le realizaron 41 auditorías en total. Otra vez aparece el sello de este gobierno la mala planeación y ejecución de la obra pública, siempre lo hemos dicho y lo seguimos sosteniendo. Es evidente el dolo, la carencia de ética profesional, los actos de corrupción, la impunidad y sobre todo el contubernio del Contralor interno del Ejecutivo.
Estamos en el Oaxaca donde no pasa nada, donde no se ejercen recursos públicos en tiempo y forma y no pasa nada, donde se puede contratar obra por adjudicación directa en el último mes del año y no pasa nada, donde no se respetan en los contratos la calendarización física y financiera de la obra y no pasa nada, donde se pueden hacer pagos en exceso deliberadamente y no pasa nada. Oaxaca está cambiando no hay duda.
La auditoría financiera y de cumplimiento 14-D-20067-02-0964/GF-1120 relativa a proyectos de desarrollo regional, bien sabemos que no se ha llevado ni uno solo con visión regional y, que por cierto, en nuestras universidades públicas y en los colegios de profesionistas existen muy buenos proyectos.
El gobierno del estado optó, ante la falta de ejercicios serios en la planeación de proyectos con impacto social, por uno denominado “Pavimentación e infraestructura de vialidad vehicular y peatonal en el municipio de Oaxaca de Juárez” por un monto de 450 millones de pesos, una afrenta a la inteligencia de tantos profesionistas de nuestro estado. Nos preguntamos en dónde están físicamente esos 450 millones de pesos. Nuevamente, una puntada más, una ocurrencia más, una oportunidad para robar.
Adjudicaron 447 millones de pesos para este proyecto de “desarrollo regional” en un solo municipio, Oaxaca de Juárez, ¿dónde quedó el consenso con los municipios?, ¿dónde quedó la experiencia de los servidores públicos?, ¿dónde quedó su capacidad para dotar de bienestar a los oaxaqueños?
Los resultados son desastrosos, quién conoce de obra pública estará de acuerdo en que los servidores públicos involucrados merecen por lo menos la cárcel y por lo más, reintegrar hasta el último peso mal gastado. No pueden admitirse tantas inconsistencias en el control de la obra pública.
Al 31 de diciembre de 2014, como es la regla de este gobierno, “comprometieron” los recursos ante la evidente carencia de proyectos de este tipo, es decir, un año sin gestar un buen proyecto de impacto regional, un año sin acercarse a las universidades públicas o colegios de profesionistas para recibir estudios serios de la academia, un año haciéndose de la “vista gorda”, un año sin hacer nada para asignar directamente las obras en el último mes. Comprometieron 447 millones para gastarlos el siguiente año, un pretexto para no devolver recursos a la federación y sí para hacer negocios en el estado.
Sin embargo, al cierre de la auditoría el 30 de septiembre de 2015, solo lograron ejercer el 35.5 por ciento de la obra. Esto demuestra que no hay proyecto real, que no hay una planeación de la obra, que no se tiene un catálogo de conceptos comprometido, que es solo es una obra al vapor.
Al cierre de la auditoría, se determinó aclarar documental y físicamente 294 millones de pesos. Además reintegrar 3 millones de pesos por sub ejercicio y otros 3 millones más por pagos en exceso a conceptos de vigilancia. Esto confirma el desaseo y el descaro que prevalece en la obra pública.
La obra pública está regulada por el artículo 134 de nuestra Norma Suprema, en ese sentido, los servidores públicos están violando deliberadamente nuestra Carta Magna sin recibir ninguna sanción por parte de la Contraloría del Estado.
Lamentable es que no hayan hecho renunciar a los responsables, lamentable es que no exista un posicionamiento oficial sobre el inicio de procesos administrativos o penales. Estas conductas no pueden permitirse en un estado con tantas carencias.
No podemos, como oaxaqueños, seguir permitiendo tanta impunidad, dejar pasar tanta ineptitud de servidores públicos, tanto descaro en el manejo de la obra pública. Pero sobretodo permitir que nuestro estado siga siendo saqueado con tanta libertad.
Un gobierno que se autodenomina democrático ya debería de haber hecho un anuncio público contra estos malos servidores públicos por dilapidar recursos en obras sin ningún impacto social.
El próximo gobernador tendrá suficientes elementos para meter a la cárcel al menos a una docena de ex servidores públicos. Ese debe ser su estandarte: combatir la corrupción y la impunidad.
Ahora entiendo porqué se quiere mantener a PepeToño, el gobernador forzosamente necesita a alguien que le cubra las espaldas ante tanto indicio del mal manejo de los recursos públicos. El senador Benjamín Robles, no lo podría hacer, ya lanzó su campaña para castigar la corrupción, varios irían a la cárcel. Ahora entiendo.
