852967248dd3e6cb3942a1fe6af42945_xl

Transparencia gubernamental en riesgo

A escasos 30 días de que se cumpla el plazo perentorio para que todas las obligaciones de transparencia, señaladas en los artículos 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estén cargadas en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), la transparencia gubernamental está en riesgo.

Hoy el actuar de manera transparente para el gobierno es una imposición, la ley general de transparencia ha denominado obligaciones de transparencia para que su actuar se desarrolle de manera transparente, esto ante las resistencias y asimetrías de los gobiernos estatales por ser transparentes.

Hoy se debe pugnar por directrices que impelen a la transparencia como un valor organizacional. La transparencia debe asumir el carácter público de la información para perfeccionar los procesos y las decisiones internas, para generar información que sirva a los ciudadanos.

Sin embargo, la Plataforma Nacional de Transparencia presenta serios problemas en el SIPOT que llegada la fecha establecida lo más probable es que no funcione. Para el Instituto Nacional, el INAI, es una falla técnica que se está atendiendo con el proveedor y no pasa más allá de una penalización por incumplimiento al contrato.

Para los ciudadanos de a pie, es un flagelo a nuestro Derecho a la Información porque no se está garantizando; los sujetos obligados llámese dependencias del gobierno estatal, Municipios, Congreso o partidos políticos hoy mantienen “en construcción” o “cerradas” al público, varias de las fracciones de la información pública de oficio que los obligaba su anterior ley, so pretexto, que están en la transición de la información a la plataforma nacional.

Los ciudadanos llevamos ya 5 meses tolerando esta inconsistencia y esperando que esto concluya. Sin embargo, derivado de las capacitaciones que está otorgando el INAI a lo largo y ancho del país, más como medida paliativa que sustanciosa, salió a relucir que los sujetos obligados están al día de hoy impedidos para cargar su información.

Luego entonces, el 6 de noviembre no estarán cargadas las obligaciones de transparencia en el SIPOT, la transparencia gubernamental permanecerá en la opacidad hasta en tanto no funcione la plataforma. Me hace recordar aquel hecho ignominioso de 1988 cuando se “cayó” el sistema. El 6 de noviembre se repetirá la historia, seguramente insultaran nuestra inteligencia diciendo que persisten las fallas técnicas.

Hoy el comisionado del INAI Oscar Guerra Ford nos dice que hay varias formas de tener acceso a la información, por supuesto, pero de manera individual y vía una  solicitud de información. Lo que no dice es que la transparencia proactiva entendida como las acciones que permiten la publicación de información gubernamental de los sitios de Internet, para rendir cuentas y promover la participación activa de la sociedad, no será posible; si todo sigue igual, alcanzaremos nuestro derecho a la información hasta el mes de marzo de 2017, si bien nos va.

Lamentable es que desde mayo de 2015 que se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hayan pasado 17 meses y no pueda concretarse.

De nada sirve que a esta Ley la hayan calificado en primer lugar de acuerdo a la valoración  del Derecho a la Información a nivel mundial con 136 puntos sobre 150 posibles, si su implementación falla desde el Órgano Garante Nacional, de nadie más.

El problema ya creció, involucraron a los Órganos Locales quienes han tenido que afrontar las consecuencias de las fallas de la plataforma. Por una parte, cargar con la responsabilidad de contener a los  sujetos obligados ante la imposibilidad de utilizar la plataforma y, por otra, atender a los ciudadanos dentro de otro sistema, el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, sistema que tampoco funciona, y que a cambio nos “vendieron” de manera provisional el INFOMEX. Esto por supuesto que obstaculiza nuestro Derecho al tener serios problemas de interfaz de usuario para realizar solicitudes de información pero sobre todo, para interponer recursos de revisión.

Los sujetos obligados sin nada que perder, ya que tendrán más tiempo para hacer su trabajo y contarán con un pretexto para no hacerlo, mientras que los ciudadanos permaneceremos como en otros rubros, en la desigualdad, pero esta vez, de la transparencia.

El contrato de prestación de servicios 0A/CO31/15 por un importe de 8.33 millones de pesos más IVA con el objeto “DESARROLLO DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PRIMERA ETAPA” venció el 31 de diciembre de 2015 y establece que será un contrato fijo no sujeto a escalatorias, además la forma de pago será por cada uno de los entregables contra entrega y aceptación a entera satisfacción.

Entonces, no queda claro qué falló, primero, podría ser que los términos de referencia de la convocante no fueron lo suficientemente robustos en el diseño de la plataforma; segundo, que la empresa no contó con la capacidad técnica para afrontar los trabajos y, tercero, y más grave, que la evaluación de las propuestas no haya sido la adecuada y se haya favorecido a un proveedor específico poniendo en riesgo las características de los equipos y del propio sistema. No hay más.

Alguien debiera ya estar emitiendo un posicionamiento al respecto, pero con la verdad por delante. Con este hecho el INAI nos demuestra que la desigualdad es impulsada por ellos mismos, a los ciudadanos nos deben una explicación de manera abierta y frontal, como la que supongo, ya la proporcionaron a nuestros legisladores, al momento  que con toda desfachatez solicitaron recursos adicionales para la plataforma en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.

Al final de estos sucesos, queda la duda si los recursos adicionales que están solicitando a la Cámara de Diputados, serán para cubrir las deficiencias en las adjudicaciones de los dos contratos anteriores, para echar andar la Plataforma Nacional de Transparencia. Empero, pasa por un procedimiento de responsabilidad administrativa para quien o quienes resulten responsables por la violación franca al 134 Constitucional.

Un acuerdo entre pares o entre las comisiones del llamado “Club de Tobi”, no será suficiente para postergar nuestro Derecho a la Información Pública en poder de nuestra clase gobernante. Vamos a esperar con qué cuento nos salen, porque la verdad sinceramente no se ve cerca. Hay que asumir responsabilidades en el INAI.




No hay comentarios

Añadir más