OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- En 2019, en Villa Díaz Ordaz, localidad zapoteca perteneciente al distrito de Tlacolula, sus autoridades resolvieron internamente varios casos de pensión almenticia, sin necesidad de acudir a los juzgados familiares, a través de la coordinación entre la Regiduría de Género, la Alcaldía y la Sindicatura.
En uno de tales conflictos, la autoridad decidió retener el porcentaje correspondiente a la pensión, del salario de uno de los empleados del propio Ayuntamiento. La beneficiaria iba directamente al municipio a cobrar la pensión, y el padre tenía la garantía de poder ver a sus hijos. Posteriormente se materializó el divorcio.
Así relata Edith Matías Juan, ciudadana de dicho municipio, donde dio servicio el año pasado como integrante del Comite de Salud, un ejemplo de cómo las autoridades comunitarias tienen tanta capacidad para impartir justicia dentro de su jurisdicción, como un juzgado civil estatal o federal, y de una forma “bastante armónica y con buenos resultados”, dice.
Auxiliar como traductora e intérprete de presos indígenas en México y los Estados Unidos, la integrante de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, certificada por el Instituto Nacional de Lengus Indígenas (INALI), menciona la experiencia de su comunidad, a propósito del programa de intervención social en materia de justicia intercultural, que arrancará en marzo próximo con el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet), donde es responsable de la Coordinación de Proyectos.
“Hemos avanzado en el tema de los intérpretes, ahora seguiremos con la línea de trabajo de capacitación a servidores públicos del Poder Judicial, y ahora también de la Fiscalía General y la Defensoría del Estado de Oaxaca, con el objetivo de generar mecanismos y un capital social entre los servidores públicos que operan la impartición de justicia, para que exista una coordinación entre el sistema de justicia penal del estado y los sistemas de justicia indígena, no solo a nivel municipal, sino también desde las comunidades que son agencias o que no tienen la municipalidad”, detalla.
Reflexiona que es necesario trabajar para eliminar los “usos y costumbres” de la burocracia del operador de justicia estatal, que pretenden minimizar la capacidad de las autoridades comunitarias al momento de resolver un conflicto dentro de su jurisdicción, así como desterrar la “creencia” de que las autoridades comunitarias están subordinadas o solo pueden actuar como “auxiliares” del Poder Judicial.
Con el objetivo de que autoridades estatales reconozcan las atribuciones y capacidades de las autoridades comunitarias al momento de impartir justicia, y que éstas empiecen a ejercer con más certeza su propia jurisdicción, Edith Matías diseñó un programa de trabajo para fortalecer la coordinación entre justicias y lograr lo que llama la “maximización de los derechos”.
Explica que se trata de un proyecto de intervención social, con la participación de pueblos y comunidades indígenas, con miras a conseguir una justicia pluralista a través de una coordinación entre autoridades comunitarias e instancias del Estado.
El programa incluye un seminario especializado dirigido a mandos medios y altos del Poder Judicial, que entre otros temas incluye perspectiva de interculturalidad, enfoque antirracista y perspectiva de género, en la impartición de justicia.
Por otra parte, se trabajará en un proceso de vinculación y articulación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y con la Defensoría Pública, a través de un “Curso de Formación de Alto Nivel sobre Pluralismo Jurídico, Interculturalidad y Género”, para sensibilizar a los servidores públicos de mandos medios y superiores.
Una tercera línea de trabajo, expone, está dirigida a autoridades municipales que se rigen por sistemas normativos internos, de las regiones Mixteca, Istmo, Costa y Valles, que incluye la implementación de buenas prácticas de impartición de justicia desde las comunidades indígenas sin que necesariamente tengan que ser revisadas o aprobadas por una institución externa.
Como cierre de dicho programa, en agosto se llevará a cabo el Foro Nacional para la Coodinación de Justicia, al que asistirán autoridades indígenas de Campeche, Yucatán, Michoacán, Puebla, Guerrero, Chiapas y Oaxaca; así como instituciones de impartición de justicia locales y nacionales.
