Fotografía: CARMEN LETICIA PACHECO
OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Un grupo de jóvenes indígenas estudiantes de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales se organizaron en 2004 para crear una asociación con visión de defensa especializada en materia de derechos indígenas.
Su objetivo primordial era la protección de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, abriendo vías para la construcción de un nuevo estado pluricultural.
A doce años de distancia, los frutos del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), desde la sociedad civil, son notables.
En un estado donde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México documentó en el año 2007 que el 84 por ciento de presos indígenas no habían contado con intérprete, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a inicios del 2012 registraba que el 90 por ciento de presos carecían de intérprete durante sus procesos, pese a tener constitucionalmente el derecho de contar con uno que conozca su lengua y cultura, CEPIADET ha dado la batalla para que se haga valer tal garantía.
Tomás López Sarabia, presidente del consejo directivo de la asociación civil, menciona que entre los principales logros figura el incremento notable de requerimientos y asistencia de servicios de interpretación y traducción, conforme a la siguiente gráfica:
“Hemos logrado aumentar cinco veces la presencia de intérpretes en estos últimos cuatros años en Juzgados y Tribunales federales, además de lograr un pago para los intérpretes que participan en estos procesos, esta situación no solo dignifica la figura del intérprete, sino dignifica el uso de nuestras lenguas indígenas” señala el abogado originario de la comunidad mixteca de Santiago Nuyoo.
A la par de este resultado, las distintas instancias de justicia y administrativas se han visto obligadas a generar los mecanismos de pago para los intérpretes o traductores, es el caso del Poder Judicial Federal que estos cuatro años ha erogado 1 millón 132 mil pesos para el pago de viáticos y honorarios para los intérpretes del padrón de CEPIADET.
Asimismo, han pagado en menor cantidad otras instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Tribunal Electoral de Oaxaca para traducciones de sentencias emitidas.
López Sarabia manifiesta que a nivel local es donde existen más retos para el pago de intérpretes o traductores, por la poca disponibilidad presupuestal.
Cuando se le pregunta sobre el tema de los defensores públicos bilingües, afirma que la situación es mucho más compleja porque desafortunadamente existen muy pocos defensores con ese perfil, aun cuando la propia Constitución reconoce y obliga a que las personas indígenas cuenten con intérprete y defensor con conocimiento de su lengua y cultura.
“Hasta el 2016, a nivel federal, para el estado de Oaxaca sólo se encuentran contratados 11 defensores y a nivel local 16 defensores”, precisa el abogado.
Además de brindar servicios de interpretación y traducción, CEPIADET, en conjunto con la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba de la Fundación Alfredo Harp, llevan tres años impulsando las campañas “Los derechos viven en todas las lenguas” y “Todas se llaman lenguas”, a fin de sensibilizar a la sociedad y a los servidores públicos ante los gestos y políticas discriminatorias que aún enfrentan miles de personas por no hablar el castellano.
“Esta campaña que consta de carteles, spots, conferencias y un programa de Embajadores Lingüísticos entre otras acciones, se ha expandido también a otros estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Yucatán, Quintana Roo y hasta Baja California”, informó el presidente de CEPIADET.
Para estos trabajos, se han generado alianzas con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Poder Judicial de Oaxaca, el Poder Judicial Federal, incluso con las propias comunidades indígenas, con universidades y organizaciones de otras entidades.
López Sarabia reconoció que estos trabajos, son aportaciones desde la sociedad civil que buscan cerrar la “Brecha de implementación”, y finaliza: “es inadmisible reconocernos como un país, como una entidad multicultural, pero con políticas públicas y acciones monoculturales”.
