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Acceso a la información, aliado en la defensa del territorio

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Itzel Silva Monroy, experta en la defensa de derechos humanos por parte de FUNDAR Centro de Análisis e Investigación A.C., explicó de qué forma el derecho de acceso a la información pública favorece la lucha de comunidades indígenas en la defensa de la tierra y el territorio, a través de un caso específico en contra empresas mineras.

Lo anterior, al impartir el taller «El acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, como mecanismos de combate a la corrupciòn», organizado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet) y el Comité de Participación Ciudadana de Oaxaca (CPC).

Durante el mismo, la abogada puso como ejemplo el caso de la comunidad nahua Tecoltemi, situada en la Sierra Norte de Puebla, donde la Minera Gavilán obtuvo una concesión de exploración y explotación por parte de la Secretaría de Economía federal.

Expuso que la comunidad, a través de FUNDAR en calidad de su representante legal, interpuso un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Economía y el Estado por la violación a su derecho de consulta con énfasis en el derecho al consentimiento previo, libre e informado, con el otorgamiento de la citada concesión.

A través de la presentaciones de solicitudes de información, dijo, pudieron contar con informe de las concesiones mineras otorgadas en su municipio, así como verificar que Tecoltemí formara parte del Catálogo de Pueblos Indígenas, ya que en opinión de la minera la comunidad era no indígena.

De igual forma, a lo largo de cuatro años, en diversas ocasiones FUNDAR realizó solicitudes de información para sustentar su procedimiento, lo cual le permitió detener los trabajos de exploración en tanto el juez correspondiente emite sentencia sobre el caso.


Edgar Iván Benumea Gómez e Itzel Silva Monroy, de FUndar A.C., con Reyna Santillán, del Consejo de Participación Ciudadana de Oaxaca.

FUNDAR, al igual que otras organizaciones como Poder y Artículo XIX, basan gran parte de sus investigaciones y servicios jurídicos en el derecho de acceso a la información, pero, lamentablemente, fuera de estos círculos es muy poca la gente que conoce y utiliza esta herramienta para preguntar cualquier tema que les afecte, subrayó la abogada en entrevista al final del taller que tuvo lugar en la BIblioteca de Investigación Juan de Córdoba en el Centro Cultural San Pablo.

«Es poca la gente que está utilizando el acceso a la información mas allá del círculo de organizaciones, porque la población en general no sabe que existe esta posibilidad de hacer solicitudes a la autoridad; debería difundirse más este derecho; es obligación del Estado en materia de derechos humanos promover estos y garantizarlos», indicó

En contraparte, cuestionó que por la parte ciudadana existe una apatía y desinterés por éste y sus demás derechos.

«Me parece que la gente no sabe lo que está pasando con sus derechos en general, y con el de acceso a la información en lo particular. Y no les importa, además. Veo que hay una apatía en una buena parte de la población, a quienes poco les interesan los problemas que suceden en en país, ni lo que pueden hacer para resolverlos», manifestó.

Formada en Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas, Itzel Silva Monroy comentó que en el caso específico de las mineras las violaciones sistemáticas a las comunidades indígenas se deben a que la ley en la materia facilita el despojo al otorgar grandes beneficios a las empresas concesionarias, a quienes garantiza, por ejemplo, la libertad de utilizar sin ninguna limitante los mantos acuíferos subterráneos.

Sin embargo, sostuvo que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se otorgarán más concesiones durante su administración, no existen señales del actual gobierno federal de alentar cambios en la ley, empezando por la designación del Subsecretario de Minería, Francisco Quiroga Fernández, con un perfil abiertamente empresarial pro mineras.

En este contexto, concluyó, sólo queda a las comunidades defenderse del despojo de sus tierras con todas las herramientas a su alcance, y con el apoyo de organizaciones ciudadanas como FUNDAR.




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