CARLOS MORALES SÁNCHEZ
OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- No obstante que desde el 04 de abril de 2019, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en Cholula, Puebla en la sesión celebrada en el amparo en revisión R-496/2018, ordenó construir la ley de consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas de Oaxaca, la omisión en el Congreso de Oaxaca persiste.
El Tribunal Colegiado de Cholula, derivado de diversos juicios de amparo promovido por Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil, ordenó a la LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca que repare la omisión legislativa efectuada desde hace 17 años y construya la Ley de Consulta Previa en materia indígena antes de que concluya el segundo periodo de sesiones (30 de septiembre de 2019) so pena de ser destituidos y puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación.
En la resolución de referencia, el Tribunal Colegiado Auxiliar ordenó al Congreso de Oaxaca que los pueblos indígenas sean consultados, es decir, que la ley de consulta sea consultada a los pueblos indígenas de Oaxaca, sin embargo, han pasado tres meses y nada se ha hecho todavía. No se ha conformado el panel de expertos y por lo tanto no se ha construido el protocolo de consulta a los pueblos indígenas.
La ley de Consulta Previa, es una ley necesaria e impostergable para los pueblos y comunidades indígenas. Es necesario que en la ley se establezcan reglas claras sobre las formas y procedimientos de consulta. En esencia, la ley de consulta es un mecanismo para que los pueblos y comunidades sean escuchados frente a decisiones administrativas y legislativas que los afecten.
El plazo transcurre y al Congreso parece no importarle. Es tiempo de que el Congreso conforme el panel de expertos y proceda a construir el protocolo de consulta a la ley de consulta. Es necesario que en la ley se incluyan los mejores criterios y estándares internacionales. De otra manera, se construirá una ley sobre las rodillas, al cuarto para las doce, es decir, una ley al vapor que no merecen los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca.